El secretario general de Gobierno de Chihuahua, Santiago de la Peña Grajeda, calificó como “simuladas” las medidas incluidas en la reforma electoral federal para combatir el financiamiento ilícito en campañas políticas.
El funcionario cuestionó la efectividad de las disposiciones relacionadas con la regulación de aportaciones en efectivo, al considerar que resultan inoperantes frente a las prácticas que históricamente han marcado la política mexicana.
Con tono irónico, De la Peña señaló que en el país existe un largo antecedente de financiamiento irregular mediante sobres y maletas con dinero, prácticas que —afirmó— difícilmente desaparecerán únicamente con los cambios planteados en la iniciativa impulsada desde el Gobierno Federal.
Además, indicó que en Chihuahua ya se observan casos de promoción personal anticipada que presuntamente se financian con recursos de origen no claro, lo que, a su juicio, evidencia que tanto la legislación actual como la propuesta de reforma resultan insuficientes para frenar estas prácticas.
El secretario general sostuvo que cualquier reforma electoral debería enfocarse en crear mecanismos realmente eficaces de fiscalización y sanción para evitar el uso de recursos ilegales en los procesos democráticos.
