En un hecho inédito tras siete años de lealtad absoluta, el Partido del Trabajo (PT) votó de manera diferenciada y frenó la intención de Morena de adelantar la revocación de mandato presidencial al 2027. La postura de los seis senadores petistas impidió que el oficialismo alcanzara la mayoría calificada necesaria, dejando a la presidenta Claudia Sheinbaum sin la posibilidad de aparecer en la boleta o intervenir en el proceso electoral intermedio.
Al quedar fuera el cambio al artículo 35 constitucional, el llamado Plan B fue aprobado únicamente en lo general, limitándose a aplicar tijeretazos presupuestales a instituciones clave. La reforma ahora obliga a un recorte del 15% al presupuesto del Senado entre 2027 y 2030, equivalente a 765 millones de pesos, y pone un tope de gasto a los Congresos locales del 0.70% respecto a los ingresos estatales.
El golpe del PT no solo desbarató la estrategia política de Palacio Nacional, sino que también impuso una reducción forzosa en la estructura de los ayuntamientos, limitándolos a una sindicatura y máximo 15 regidurías. Asimismo, se concretó el ajuste salarial en el INE y el Tribunal Electoral para que ningún funcionario perciba más que la Presidenta, cumpliendo con la narrativa de austeridad pero perdiendo la batalla central del control electoral.
Esta fractura en el bloque oficialista evidencia que el acompañamiento ciego al Ejecutivo tiene límites cuando se trata de las reglas del juego democrático. Al negarle a la mandataria el derecho de llamar al voto en 2027, el PT no solo protegió la equidad de la contienda, sino que demostró que el control del Congreso ya no es un cheque en blanco, forzando a Morena a conformarse con una reforma administrativa en lugar del cambio político que buscaban.