A dos años y cuatro meses de que estallara el escándalo financiero de Yox Holding, los afectados alzaron la voz para denunciar la parálisis institucional y exigir que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) agilice los trámites de extradición de Carlos Lazo. El ex CEO de la firma fue detenido en Las Vegas, Nevada, en 2024; sin embargo, el proceso se ha visto obstaculizado por la negativa del gobierno venezolano, que ha solicitado formalmente a México la presentación de pruebas contundentes para permitir su comparecencia ante los tribunales nacionales. Los defraudados insisten en que la autoridad ha mostrado una falta de voluntad política para resolver un caso que califican como un desfalco histórico.
Se estima que existen más de 50 mil víctimas en todo el país, de las cuales 1,700 residen en el estado de Chihuahua. Los afectados exigen al fiscal general un informe detallado sobre el estatus de los bienes asegurados en la entidad, pues sospechan que no se ha avanzado lo suficiente en la ruta del dinero para garantizar la reparación del daño. Además de la captura de Lazo, los denunciantes solicitaron que se giren órdenes de aprehensión contra otros empresarios del sector privado que presuntamente operaron como cómplices en la estructura de captación de recursos.
El boquete financiero global de Yox Holding supera los 18 mil millones de pesos, con ramificaciones que alcanzan a inversionistas en Jalisco, Estados Unidos y diversos países de Europa. Tan solo en Chihuahua, el monto de la afectación se calcula en 600 millones de pesos, una cifra que ha golpeado el patrimonio de cientos de familias que confiaron en el modelo de apuestas deportivas y trading de la empresa. La falta de atención por parte de las autoridades ha llevado a los colectivos de víctimas a considerar que no ha habido una intención real de castigar a los responsables, aplicando la máxima de que «quien puede lo más, puede lo menos».
Este caso se suma a la lista de grandes fraudes piramidales que han vulnerado la economía del norte del país, dejando una estela de impunidad que las víctimas no están dispuestas a tolerar. La exigencia es clara: que la Fiscalía de Chihuahua y la SRE coordinen esfuerzos para traer a Carlos Lazo a territorio mexicano y que se persiga a toda la red empresarial que permitió la operación de Yox por más de dos años. Mientras el proceso de extradición se mantiene en un limbo diplomático, los afectados advierten que radicalizarán sus acciones para evitar que el millonario desfalco quede en el olvido institucional.