El Ayuntamiento de Ciudad Juárez enfrenta un crédito fiscal de 118 millones de pesos tras omitir el reporte de retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de sus trabajadores durante el ejercicio fiscal 2021, así lo informó el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez, quien dijo que la notificación fue recibida este lunes luego de una auditoría del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esta omisión es considerada una falta grave que, de no solventarse, provocará la suspensión inmediata de las participaciones federales derivadas del ISR participable para la frontera.
El impacto de este incumplimiento fiscal recae directamente en las finanzas municipales, ya que los recursos que el SAT retendrá son de libre disposición. Aunque no están etiquetados para obras específicas, Granillo Vázquez advirtió que la sociedad juarense será la principal afectada al dejar de recibir fondos federales clave para la operatividad de la ciudad. Ante la insolvencia del adeudo, el gobierno municipal de Juárez ya envió un oficio formal a la Secretaría de Hacienda estatal solicitando el auxilio de la administración de Maru Campos.
La Ley de Coordinación Fiscal del Estado prevé un mecanismo mediante el cual el Gobierno del Estado puede intervenir para gestionar descuentos de hasta el 75 por ciento en créditos fiscales de esta naturaleza. El secretario de Hacienda confirmó que ya revisan el oficio para activar dicho convenio y reducir la carga financiera del municipio. “Hemos recibido instrucciones de la gobernadora para apoyar siempre a los juarenses”, señaló el funcionario, dejando claro que el Estado buscará evitar el colapso de las participaciones federales en la frontera.
Este rescate financiero ocurre en un momento de tensión administrativa, evidenciando una gestión deficiente en la contabilidad municipal durante el año 2021. Mientras se concreta el mecanismo de ayuda, el crédito fiscal permanece activo como una amenaza a la estabilidad económica de Ciudad Juárez. La resolución del conflicto dependerá de la celeridad con la que se formalice el convenio fiscal estatal, único camino para que el municipio recupere el acceso a los recursos federales que hoy se encuentran bajo candado por parte del SAT.