Las comisiones del Senado de la República aprobaron el dictamen de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica, una polémica iniciativa que pretende utilizar el ahorro institucional de los trabajadores para financiar proyectos estatales.
Con 23 votos a favor y el rechazo en bloque del PAN y PRI, la propuesta avanza al pleno bajo la premisa de «detonar el desarrollo con bienestar», permitiendo que recursos públicos y privados se amalgamen bajo el control absoluto del Estado para ejecutar obras de infraestructura que el gobierno considere clave.
El avance de esta legislación ha encendido las alarmas financieras, ya que abre la puerta a que el capital acumulado en fondos de retiro se canalice hacia proyectos cuya rentabilidad y viabilidad quedan supeditadas a la rectoría gubernamental.
Aunque los legisladores oficialistas defienden el modelo como una forma de equilibrar la participación privada sin perder la soberanía nacional, la oposición advierte que se trata de un «zarpazo» a la caja fuerte de las Afores. El dictamen busca cerrar supuestos vacíos normativos que, hasta ahora, impedían al Ejecutivo disponer de estos fondos con tanta discrecionalidad.
En las próximas horas, el pleno del Senado discutirá el alcance real de esta ley que, según críticos, pone en riesgo el patrimonio de millones de mexicanos para pagar deudas de infraestructura rezagada.
El debate se centra en si esta movilización de capital realmente generará desarrollo o si es una estrategia desesperada para fondear obras con recursos ajenos ante la falta de presupuesto federal.
Mientras el gobierno asegura que evitará excesos y desventajas para el sector público, la incertidumbre sobre la seguridad del retiro de los trabajadores escala como el tema central de la agenda legislativa de este 7 de abril.
