La existencia de alrededor de 25 sanciones en contra de exfuncionarios de la pasada administración, principalmente por dejar prescribir delitos como el desvío de recursos, fue confirmada por el secretario de la Función Pública, Roberto Fierro Duarte.
El funcionario detalló que estas omisiones permitieron que actos de corrupción quedaran impunes, por lo que se iniciaron los procedimientos de responsabilidad administrativa correspondientes.
Además, señaló que otras de las sanciones se derivan de irregularidades en las declaraciones patrimoniales, reflejando una falta de transparencia sistemática en el ejercicio de sus cargos.
Pese a la aplicación de estos castigos, varios de los exfuncionarios han recurrido a juicios de amparo para frenar las resoluciones, lo que mantiene una parte de las sanciones en pleno litigio judicial.
Fierro Duarte explicó que estos recursos legales son parte de la defensa de los señalados, pero la dependencia mantiene el seguimiento técnico para que las sanciones queden firmes. Esta limpieza administrativa busca castigar a quienes, por omisión o intención, protegieron a los responsables de desfalcos previos al no actuar en los tiempos que marca la ley.
Esta ofensiva administrativa coincide con las dos denuncias penales interpuestas recientemente por la Fiscalía Anticorrupción, que acusa a la administración anterior de dejar prescribir presuntos delitos por más de 171 millones de pesos.
El esquema de «olvido» procesal no solo afectó el patrimonio del estado, sino que ahora es el eje central de las investigaciones que buscan deslindar responsabilidades tanto en el ámbito administrativo como penal. Con estas acciones, se pretende cerrar el círculo de impunidad que permitió la evaporación de recursos públicos mediante la inacción institucional; dijo el funcionario.
