Josué Raúl D. E. fue detenido en el municipio de Kanasín tras una investigación internacional que lo señala como responsable de trata de personas, abuso sexual y producción de pornografía infantil durante una década; así lo informaron fuerzas federales al desarticular su operación en la colonia Mulchechén. El caso alcanzó relevancia global luego de que el Gobierno de Australia, a través de la Policía de Queensland, detectara material explícito producido en México y comercializado en plataformas digitales. La denuncia de la embajada australiana en noviembre de 2025 fue el detonante para que la Fiscalía General de la República rastreara la actividad criminal que se extendió hasta mediados de 2023.
El imputado contactaba a niñas, niños y adolescentes mediante redes sociales para engancharlos, videograbarse en actos sexuales y posteriormente vender el contenido en internet; según detalló el fiscal especial Ulises Lara López. Durante el operativo, en el que participaron la Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se aseguraron celulares, tabletas y tarjetas de memoria que presuntamente contienen evidencia de la explotación sistemática de las víctimas. Las autoridades investigan si Josué Raúl forma parte de una estructura más amplia de comercio ilícito de material de abuso infantil con ramificaciones en varios países.
Un juez de control dictó prisión preventiva de oficio contra el acusado, quien ya fue ingresado al Centro de Reinserción Social en Mérida en espera de que se defina su situación jurídica; de acuerdo con los reportes judiciales de la audiencia inicial. La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será en un plazo de 144 horas cuando se determine si queda vinculado formalmente a proceso por los delitos agravados de trata y explotación. El análisis del material electrónico decomisado será clave para identificar a nuevas víctimas y desmantelar las rutas de distribución que el sujeto utilizó durante diez años.
La gravedad del caso se fundamenta en la hipótesis legal de inducción de menores a actos de exhibicionismo con fines de lucro, una conducta que se agrava por el beneficio económico obtenido mediante la venta del material; así lo puntualizaron las autoridades ministeriales. Este golpe a la delincuencia transnacional subraya la importancia de la cooperación entre México y Australia para frenar delitos que vulneran la integridad de la infancia a escala global. Al cierre de las investigaciones, el Ministerio Público federal continúa procesando los datos de prueba para garantizar una sentencia contundente que ponga fin a una década de impunidad en el sureste mexicano.