El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, hizo un llamado a esperar el informe oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE) tras la revelación de que los instructores estadounidenses fallecidos en la sierra pertenecían a la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
El funcionario estatal evitó entrar en confrontación directa con las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien acusó al Gobierno de Chihuahua de violar la Ley de Seguridad Nacional.
De la Peña remitió cualquier aclaración técnica al fiscal César Jáuregui, subrayando que la relación con las autoridades de Estados Unidos se mantiene en los mismos términos de cooperación habitual, a pesar del ruido político generado desde la Ciudad de México.
El conflicto escaló a nivel internacional luego de que el diario The Washington Post confirmara que las víctimas no eran simples instructores diplomáticos, sino operativos de la CIA, una agencia cuyas actividades en territorio mexicano son estrictamente reguladas y requieren el aval del Gobierno Federal.
Esta información contradice la versión inicial sobre capacitación en drones que supuestamente impartiría la DEA, ya que este tipo de adiestramiento táctico recae en la inteligencia militar o central. La presencia de estos agentes en una zona crítica como Morelos y Guachochi, sin el conocimiento de la administración de Sheinbaum, ha puesto bajo la lupa la soberanía nacional y la transparencia de los convenios de seguridad estatales.
El accidente, ocurrido el pasado 19 de abril, dejó al descubierto una operación que el analista Raymundo Riva Palacio describe como una crisis de seguridad nacional. Mientras que el fiscal Jáuregui sostiene que los agentes estaban a nueve horas de distancia del narcolaboratorio desmantelado, la falta de registro oficial de su entrada y actividades en la entidad alimenta la sospecha de una agenda paralela de inteligencia.
