Indicó que las demandas interpuestas por los empleados, tanto de forma individual como colectiva, ya se encuentran radicadas en tres juzgados del Poder Judicial del Estado para agilizar la resolución jurídica.
Siller Argüello enfatizó que la prioridad del Gobierno del Estado es resarcir el daño económico provocado por esta maniobra empresarial, que afectó a múltiples sedes de la compañía a nivel nacional. Con la toma de activos y el remate de maquinaria, la autoridad laboral busca asegurar que los fondos recuperados se destinen íntegramente a las indemnizaciones, enviando un mensaje claro contra las empresas que intentan evadir sus responsabilidades legales bajo la fachada de la quiebra.
