El senador morenista y exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, arremetió contra el fiscal César Jáuregui Moreno, exigiendo su comparecencia inmediata para aclarar la presencia de agentes estadounidenses en operativos dentro del estado.
Corral calificó de «mentiroso y falaz» el manejo informativo de la Fiscalía General del Estado (FGE), señalando que la versión oficial de un simple acompañamiento o «raid» es una burla a la inteligencia pública.
Para el legislador, la muerte de los elementos de la CIA en la zona serrana no solo evidencia una operación encubierta, sino una grave intromisión que violenta las facultades exclusivas de la Federación en materia de política exterior y seguridad nacional.
Corral subrayó que ninguna entidad federativa tiene la potestad legal para autorizar la colaboración de agentes extranjeros en tareas de campo, una atribución que compete únicamente al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Criticó que la FGE cambiara su versión de los hechos en menos de 24 horas al percatarse de la dimensión legal de la tragedia, lo que a su juicio «pinta de cuerpo entero» la falta de transparencia en la administración de Maru Campos.
El senador urgió al Gabinete de Seguridad y a la Presidencia de la República a realizar un seguimiento puntual sobre lo que considera una violación flagrante a la Constitución y a los protocolos de soberanía nacional.
El reclamo del morenista escala la tensión política entre Chihuahua y la Federación, al sugerir que el estado opera con una agenda de seguridad paralela y sin controles oficiales.
Corral insistió en que la presencia de agentes de la CIA con armamento y equipo táctico en municipios como Morelos y Guachochi no puede reducirse a una labor de «capacitación» teórica, como intentó justificar Jáuregui.
Esta confrontación parlamentaria pone al Fiscal en el ojo del huracán, obligándolo a dar explicaciones técnicas sobre quién permitió el despliegue de operativos extranjeros en territorio chihuahuense y bajo qué marco legal se les integró a misiones de alto riesgo.
Finalmente, el exmandatario advirtió que el ocultamiento de información y la manipulación de los hechos tras el accidente en el barranco son señales de un manejo institucional degradado.
La exigencia de comparecencia busca deslindar responsabilidades por la muerte de los agentes estatales y extranjeros, pero sobre todo, busca frenar lo que Corral define como una «entrega de la soberanía» por parte de la fiscalía local.
