Decenas de familias del municipio de Aquiles Serdán se manifestaron de manera pacífica en la plaza principal para denunciar una crisis de vivienda que pone en riesgo su patrimonio tras años de pagos.
Los afectados señalan que, a pesar de haber iniciado la compra de sus casas de forma legal con la constructora Metro Financiera, un conflicto administrativo provocó que sus abonos dejaran de reflejarse, derivando en la subasta de sus inmuebles.
Arturo Sifuentes, representante de los vecinos, explicó que el problema afecta a unas 400 viviendas en sectores como Vistas de San Guillermo, Punto Oriente, Laderas (etapas 1 y 2) y Portal, donde hay personas que tienen hasta 15 años habitando sus domicilios.
La indignación de los colonos radica en el incumplimiento de convenios previos por parte de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (COESVI). Según los testimonios, en 2017 y 2018 se firmaron acuerdos para regularizar los pagos; sin embargo, la dependencia estatal no respetó lo pactado y permitió que las propiedades entraran en un proceso de subasta.
Actualmente, empresas como Inbex han ganado lotes completos de estas manzanas, iniciando una ofensiva legal que ya cobró el primer desalojo el pasado 30 de marzo, situación que los vecinos han logrado frenar en otros casos mediante la resistencia civil.
Arturo Sifuentes desmintió categóricamente las versiones que tachan a los residentes de «paracaidistas», asegurando que cuentan con tickets y pruebas de los pagos realizados antes de que la constructora entrara en conflicto.
La falta de respuesta de COESVI ha generado un clima de incertidumbre y temor entre las 88 familias que encabezan la defensa legal, quienes exigen la apertura de una nueva mesa de diálogo para establecer convenios de pago justos.
«La gente realmente compró la casa y quiere seguir pagando, pero no les dan una solución y ahora intentan echarlos a la calle», sentenció el portavoz durante la protesta.
Ante la nula postura de la constructora y el silencio de las autoridades estatales, los manifestantes advirtieron que no permitirán más desalojos en sus fraccionamientos.
Los vecinos permanecen a la espera de que los encargados de COESVI salgan a dar una respuesta concreta que detenga las subastas y reconozca la antigüedad de los habitantes en sus hogares.
De no obtener una solución, la comunidad organizada de Aquiles Serdán contempla intensificar sus acciones de presión, pues consideran que se trata de un atropello contra el derecho humano a la vivienda y una falla institucional que favorece a las sociedades financieras sobre el bienestar social.
