El coordinador de la bancada de Morena, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, lanzó una crítica demoledora contra la gobernadora Maru Campos tras el anuncio de una unidad especializada para indagar el operativo en la Sierra Tarahumara. Para el legislador, la creación de esta instancia no es más que un intento de «auto-investigación» diseñado para proteger al Ejecutivo estatal en lugar de esclarecer la muerte de dos agentes estatales y dos funcionarios estadounidenses. «Chihuahua está entre burlas, pifias y traiciones», sentenció Estrada, asegurando que el resultado de las indagatorias está decidido de antemano para favorecer la narrativa oficial y evitar la rendición de cuentas por la incursión ilegal de agentes extranjeros en suelo chihuahuense.
La principal duda del líder morenista radica en la legitimidad y la competencia de esta nueva unidad. Estrada cuestionó abiertamente si un órgano estatal tiene la facultad legal para investigar un caso con implicaciones internacionales y de seguridad nacional, sugiriendo que la jurisdicción debería recaer estrictamente en el Gobierno Federal. Denunció que el permitir la actuación de la CIA sin permisos formales es una violación a la soberanía que no puede ser juzgada por quienes la facilitaron. Para la oposición, esta maniobra defensiva solo confirma que la administración de Campos Galván prefiere administrar el costo político antes que enfrentar las consecuencias legales de sus acuerdos de inteligencia.
El legislador advirtió que el diseño de esta instancia genera sospechas desde su origen, al ser el propio gobierno el que decide quién y cómo se investigan sus posibles omisiones. Según Estrada, el nombramiento de una fiscal especializada bajo el mando directo del estado garantiza la falta de imparcialidad, convirtiendo el proceso en una simulación para contener la crisis mediática. «Desde ahora podemos anticipar cuál será el resultado», subrayó, señalando que el caso ha rebasado por completo el ámbito local al involucrar operativos de alto impacto con actores de otros países que operaron al margen de la ley mexicana.
Con este posicionamiento, Morena abre un nuevo frente de batalla centrado en la soberanía y la legalidad institucional. Estrada Sotelo concluyó que cuando la defensa sustituye a la justicia, se pierde toda credibilidad ante los ciudadanos, dejando a Chihuahua en una vulnerabilidad institucional peligrosa. Mientras el estado se prepara para dar detalles el lunes, la oposición ya ha calificado el esfuerzo como una maniobra para ocultar la traición a los protocolos federales. El conflicto escala así de un operativo fallido a una crisis de legitimidad que pone bajo la lupa cada paso que dé la recién creada unidad investigadora.