La Fiscalía General de la República (FGR) tomó el control del caso que sacude a Chihuahua al abrir dos carpetas de investigación por la presunta incursión de agentes de la CIA en la Sierra Tarahumara. La institución federal reveló que, hasta hace apenas unos días, desconocía las indagatorias que la fiscalía estatal realizaba desde hace meses, confirmando una ruptura en la comunicación institucional. Las pesquisas se centran en el desmantelamiento de un megamanufacturero de drogas sintéticas en El Pinal y, de manera más crítica, en una «noticia criminal» derivada de las declaraciones del ex fiscal César Jáuregui, quien confirmó la muerte de dos estadounidenses que operaban en la zona sin registro oficial.
La gravedad del asunto escaló a Palacio Nacional, donde la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que la prioridad de su gobierno es la defensa de la soberanía y el cumplimiento estricto de la Ley de Seguridad Nacional. Sheinbaum subrayó que la renuncia de Jáuregui Moreno no detiene el proceso, sino que lo intensifica, ante la sospecha de delitos que vulneran la integridad del Estado mexicano. Al confirmarse que los extranjeros fallecidos eran integrantes de agencias de seguridad extranjeras movilizados en convoyes estatales, la FGR busca determinar bajo qué amparo legal —o falta de este— se permitió su participación en territorio nacional.
La investigación federal se nutrió apenas este 27 de abril, cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) finalmente remitió copia de sus actuaciones, justo tras la dimisión de su titular. El expediente documenta el accidente ocurrido la madrugada del 19 de abril, donde perdieron la vida el director de la AEI, Pedro Román Oseguera, y su escolta, junto a los dos ciudadanos de EE. UU. Este retraso en la entrega de información y la opacidad en el manejo del operativo son ahora piezas clave para la FGR, que evalúa posibles responsabilidades penales contra funcionarios que permitieron el despliegue extraoficial.
Mientras Chihuahua intenta contener la crisis con una unidad especializada local, la Federación mantiene el foco en las implicaciones internacionales y de seguridad nacional. El hallazgo de los laboratorios clandestinos, calificados como de los más grandes del país, ha quedado en segundo plano frente al escándalo diplomático y la falta de aviso a las autoridades federales sobre la presencia de personal de inteligencia extranjero. La FGR determinará en las próximas semanas si existió una violación sistemática a la Constitución por parte del mando policial chihuahuense, en lo que ya se perfila como el mayor conflicto de soberanía en la frontera norte de los últimos años.