Chihuahua, Chih.- La Fiscalía General del Estado (FGE) asumirá el costo de los exámenes de control de confianza para los elementos de seguridad durante este año y el próximo, según informó el fiscal general Francisco Sáenz. El funcionario señaló que el cobro de estas evaluaciones representaba un obstáculo para la movilidad y operatividad de las corporaciones, por lo que, bajo instrucción de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, se realizaron ajustes presupuestarios para garantizar la suficiencia financiera. Con esta medida, se busca asegurar que los mil 200 elementos de la Agencia Estatal de Investigación, así como las policías municipales, cumplan con sus certificaciones sin que el factor económico detenga los procesos de control.
El fiscal destacó que las evaluaciones se llevarán a cabo bajo la programación habitual, evitando que la carga financiera recaiga sobre los municipios o limite el despliegue de agentes en las zonas que requieren atención inmediata. Al absorber este gasto, el gobierno estatal pretende mantener la normalidad en las evaluaciones de confianza, un requisito indispensable para la permanencia de los agentes en activo y para la transparencia institucional. La decisión se presenta como una estrategia de fortalecimiento a la seguridad pública en un momento de alta exigencia operativa en toda la entidad.
Por otro lado, la crisis política que sacude al oficialismo tras los señalamientos de Estados Unidos contra funcionarios de Sinaloa parece extenderse hacia la frontera norte. Trascendió que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, convocó a una reunión de emergencia a todo su gabinete en Tijuana la tarde de este lunes. Versiones extraoficiales apuntan a que la mandataria morenista podría convertirse en la segunda gobernante en solicitar licencia a su cargo, siguiendo los pasos de Rubén Rocha Moya, en medio de la presión internacional y las investigaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado.
La posible salida de Marina del Pilar ocurre en un contexto crítico, luego de que el gobierno estadounidense le retirara la visa y se reactivaran señalamientos previos por presunto lavado de dinero en su administración. De confirmarse la licencia, el bloque de gobernadores de Morena enfrentaría una fractura mayor en sus bastiones del Pacífico, dejando a las instituciones estatales en una fase de incertidumbre administrativa. Mientras Chihuahua refuerza sus protocolos internos de confianza, en los estados vecinos la estabilidad de los mandos civiles se tambalea ante el escrutinio de las agencias de seguridad extranjeras.
