El cierre del ciclo escolar 2025-2026 se ha convertido en el primer punto de fricción pública entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Presidencia de la República. Pese a que esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum intentó frenar el anuncio calificándolo como una simple «propuesta» en análisis, el titular de la SEP, Mario Delgado, se mantuvo firme en su postura desde Hermosillo, Sonora. El funcionario insistió en que el último día de clases será el próximo 5 de junio, recortando casi siete semanas al calendario original bajo el argumento de las temperaturas extremas y la logística del Mundial de Futbol, ignorando la advertencia de la mandataria sobre la importancia de que los niños no pierdan días de aula.
La contradicción en el discurso oficial ha generado incertidumbre en la comunidad educativa, pues mientras Sheinbaum apela a la protección del aprovechamiento escolar en Palacio Nacional, Delgado ya opera con los estados el «corrimiento» de fechas. Según el secretario, los maestros concluirán sus labores administrativas el 12 de junio, aunque dejó entrever que lo único que realmente estaría sujeto a revisión es la fecha exacta del regreso a clases en agosto. Esta falta de sintonía en el gabinete federal expone una falla de comunicación en un tema que afecta directamente la organización de millones de familias mexicanas, quienes ahora no saben a qué versión institucional atenerse.
La insistencia de la SEP ha encendido las alarmas en organizaciones civiles como Mexicanos Primero y diversas asociaciones de padres de familia, quienes consideran la medida como «insensible» y pedagógicamente desastrosa. El sector crítico argumenta que sacrificar casi dos meses de clases por un evento deportivo y factores climáticos —que podrían mitigarse con infraestructura— es un golpe directo al derecho a la educación de niños y adolescentes. No obstante, Delgado asegura que el plan de estudios se cumplirá a cabalidad, una promesa que resulta difícil de sostener ante la eliminación de tajo de un porcentaje tan alto del calendario lectivo previamente aprobado.
Al final de cuentas, la disputa evidencia que la presión de los estados y de ciertos sectores magisteriales ha pesado más en la oficina de Delgado que la directriz presidencial de cautela. La implicación es clara: el calendario escolar se ha vuelto una moneda de cambio política y logística, dejando en segundo plano la estabilidad académica. Si la SEP logra imponer su cierre anticipado frente a la reticencia de Sheinbaum, marcará un precedente de autonomía —o desorden— que obligará a las familias a realizar ajustes económicos y de cuidados de emergencia, mientras el sistema educativo nacional asume el costo de un ciclo escolar interrumpido por el termómetro y el balón.
