El Comité Directivo Estatal del PAN y su bancada en el Congreso lanzaron una advertencia contundente: Chihuahua no será entregado al crimen organizado ni permitirá que el narcotráfico intervenga en su vida pública. En una conferencia encabezada por la dirigente estatal Daniela Álvarez y el coordinador parlamentario Alfredo Chávez, el partido acusó a Morena de utilizar un falso discurso de «soberanía» como cortina de humo para evadir los graves señalamientos que vinculan a sus perfiles políticos, como el gobernador Rubén Rocha Moya y el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar, con estructuras de la delincuencia organizada.
Daniela Álvarez subrayó que, mientras la administración de Maru Campos mantiene una estrategia frontal de combate al crimen e inversión en seguridad sin una sola acusación formal en su contra, Morena se dedica a desacreditarla para proteger a sus propios cuadros. La dirigente citó revelaciones periodísticas recientes que involucran al alcalde de Ciudad Juárez en investigaciones sobre delincuencia organizada, señalando que la ciudadanía no se deja engañar por narrativas políticas que intentan ocultar vínculos criminales bajo la bandera del patriotismo.
Por su parte, Alfredo Chávez Madrid defendió la cooperación institucional con autoridades de Estados Unidos, calificándola como una herramienta necesaria y no como una «traición a la patria». Fue enfático al declarar que la verdadera soberanía se defiende protegiendo a las familias y no permitiendo que el estado caiga en el caos que hoy lacera a entidades como Sinaloa. Para Acción Nacional, la movilización anunciada por Morena es una postura política desesperada para responder a las investigaciones federales que hoy cercan a diversos actores de la llamada Cuarta Transformación.
Finalmente, el diputado Jorge Soto recordó que delitos como el secuestro, el homicidio doloso y la extorsión son competencia de la delincuencia organizada federal, ámbito donde Morena ha fallado en dar resultados. Los legisladores panistas insistieron en que Chihuahua mantendrá el fortalecimiento de sus instituciones y la defensa del Estado de derecho para evitar que el territorio sea cedido a los cárteles. El PAN sentenció que la prioridad es la seguridad de las familias chihuahuenses, una postura que consideran no negociable frente a lo que llaman la «entrega» de otras entidades al control criminal.
