El titular del organismo, Héctor Acosta Félix, reveló que estas irregularidades fueron detectadas durante la revisión de la Cuenta Pública 2024 e involucran licitaciones en los tres poderes del Estado, órganos autónomos y diversos municipios. El auditor advirtió que el uso de información apócrifa o alterada no solo es una falta administrativa grave, sino un delito que será perseguido con rigor para sanear los procesos de contratación en la entidad. El anuncio surge tras el avance en las investigaciones de un caso crítico en Ciudad Juárez relacionado con la compra de medicamentos oncológicos, donde ya existen sanciones administrativas y una vinculación a proceso penal contra uno de los presuntos responsables. Acosta Félix explicó que, a diferencia de otros casos de desvío de recursos, aquí la gravedad radica en la falta de probidad de los particulares. Las empresas señaladas intentaron engañar a las instituciones utilizando documentos falsificados para acreditar requisitos técnicos o legales indispensables, una práctica que la ASE busca erradicar mediante la vigilancia activa y la sanción directa a los contratistas.
El titular del organismo, Héctor Acosta Félix, reveló que estas irregularidades fueron detectadas durante la revisión de la Cuenta Pública 2024 e involucran licitaciones en los tres poderes del Estado, órganos autónomos y diversos municipios. El auditor advirtió que el uso de información apócrifa o alterada no solo es una falta administrativa grave, sino un delito que será perseguido con rigor para sanear los procesos de contratación en la entidad. El anuncio surge tras el avance en las investigaciones de un caso crítico en Ciudad Juárez relacionado con la compra de medicamentos oncológicos, donde ya existen sanciones administrativas y una vinculación a proceso penal contra uno de los presuntos responsables. Acosta Félix explicó que, a diferencia de otros casos de desvío de recursos, aquí la gravedad radica en la falta de probidad de los particulares. Las empresas señaladas intentaron engañar a las instituciones utilizando documentos falsificados para acreditar requisitos técnicos o legales indispensables, una práctica que la ASE busca erradicar mediante la vigilancia activa y la sanción directa a los contratistas.