Chihuahua, Chih.- El dirigente estatal del PRI y diputado federal, Alejandro Domínguez, arremetió contra el presidente municipal de Ciudad Juárez, exigiéndole que aclare más de 860 millones de pesos observados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El legislador respondió al discurso oficial de “fuera máscaras” señalando que la administración morenista debe explicar las irregularidades detectadas en las cuentas públicas de 2023 y 2024. Según los informes técnicos citados por el priista, el municipio no ha podido justificar el destino de estos recursos, lo que pone en entredicho la transparencia de la gestión fronteriza.
Domínguez detalló que las fallas administrativas incluyen la compra de uniformes y chalecos antibalas que no cumplen con los estándares de calidad, así como la firma de contratos por personal sin facultades legales. Para el diputado, estos hallazgos no son interpretaciones políticas, sino datos duros contenidos en el informe 2025 de la ASF, los cuales evidencian un desorden financiero que afecta directamente la seguridad de los agentes y la integridad del presupuesto público.
La crítica del líder tricolor subraya una profunda falla institucional al interior del ayuntamiento juarense, sugiriendo que tras la retórica de honestidad se oculta una opacidad sistemática. Al exigir cuentas sobre el millonario faltante, Domínguez escala la confrontación al vincular las omisiones administrativas de Morena con una supuesta relación con el crimen organizado. Esta postura busca desmantelar la narrativa oficial del alcalde, forzándolo a responder por el manejo del erario en lugar de refugiarse en consignas de campaña.
El mensaje concluye con la implicación directa de que la administración de Juárez debe dejar de lado el proselitismo para enfrentar las consecuencias legales de sus auditorías. Con 860 millones de pesos sin aclarar, la oposición cierra filas para evidenciar que el discurso de la «transformación» en la frontera tiene un alto costo financiero que el municipio se niega a transparentar. La presión política ahora se centra en los resultados de la fiscalización federal, dejando al alcalde en una posición defensiva frente a sus propios expedientes contables.
