Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, fue detenido este viernes en Europa tras trascender su vinculación con una lista de funcionarios investigados por Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico. Díaz, quien formaba parte del gabinete del ahora gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, habría alcanzado un acuerdo previo con las autoridades estadounidenses para entregarse de manera voluntaria, facilitando su procesamiento inmediato por los cargos que enfrenta en el país vecino. Esta captura se suma a la de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de la misma entidad, quien este mismo día cruzó la frontera por Arizona para entregarse, evidenciando un desmantelamiento sistemático del círculo cercano de la administración sinaloense por parte de agencias internacionales.
La caída de Díaz y Mérida Sánchez expone una profunda falla estructural en el gobierno de Sinaloa, donde las carteras de seguridad y finanzas operaban bajo la sombra de la justicia estadounidense. La entrega de estos perfiles clave, vinculados a la misma lista que encabeza Rocha Moya, sugiere una estrategia de colaboración con el Departamento de Justicia para deslindar responsabilidades o negociar condenas a cambio de información sobre la red de corrupción en la entidad. Con el bloqueo de cuentas por parte de la UIF a figuras como el propio Rocha e Inzunza, la implicación es clara: el cerco financiero y judicial se ha cerrado sobre el grupo político en el poder, dejando a la actual administración estatal sin margen de maniobra ante una crisis de legitimidad que ya traspasó las fronteras nacionales.
