Legisladores locales y federales del Partido Acción Nacional cerraron filas en torno a la gobernadora Maru Campos, lanzando un contundente mensaje de respaldo institucional tras la movilización que el partido Morena realizó el pasado sábado en la capital. En una rueda de prensa encabezada por la dirigente estatal del blanquiazul, Daniela Álvarez, el bloque panista desestimó las protestas de la oposición y centró su postura en defender la legitimidad de la administración local frente a lo que calificaron como una embestida política instrumentada desde la federación. Los congresistas aprovecharon el encuentro con los medios para blindar la figura de la mandataria y asegurar que la estructura del partido se mantendrá unida ante cualquier intento de desestabilización externa.
La respuesta del panismo chihuahuense no se limitó a la defensa interna, sino que operó un contraataque directo al cuestionar la calidad moral de la dirigencia de Morena, trayendo a la mesa las investigaciones criminales que pesan sobre el gobierno vecino de Sinaloa. Los legisladores exigieron que la izquierda rinda cuentas sobre los presuntos nexos con el narcotráfico de al menos diez funcionarios sinaloenses de alto nivel, una lista que incluye de manera directa al mandatario con licencia Rubén Rocha Moya. Con este posicionamiento, el bloque oficialista logró desviar el foco de las demandas de la marcha del sábado, evidenciando que el partido guinda carece de autoridad ética para criticar las estrategias de seguridad locales mientras arrastra expedientes judiciales abiertos en sus propias administraciones.
Durante su intervención, el diputado Saúl Mireles verbalizó el compromiso de la bancada al sentenciar que están con Maru hasta las últimas consecuencias, un mensaje que busca proyectar una postura inflexible ante las amenazas de juicio político promovidas por los operadores de la llamada cuarta transformación. Al enmarcar el conflicto como una defensa del estado frente a un grupo político salpicado por escándalos de delincuencia organizada, el PAN busca neutralizar la narrativa de la denominada Marcha por la Soberanía. La confrontación discursiva eleva la temperatura política en la entidad, transformando el reclamo por los operativos de seguridad en una guerra abierta donde el control territorial y la legitimidad partidista están en juego de cara a los próximos procesos.
