H. Cd. de Chihuahua.- El senador y exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, desmintió de manera categórica las versiones periodísticas que aseguran que el legislador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, se encuentre escondido o huyendo tras ser incorporado en el expediente judicial de la Corte del Distrito Sur de Nueva York por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. El político chihuahuense reveló que sostuvo una reunión bilateral este fin de semana en Culiacán con el morenista, precisando que el encuentro se dio a iniciativa propia en un restaurante público y sin ningún despliegue de escoltas armadas como trascendió inicialmente, constatando que el funcionario sinaloense vive con absoluta normalidad en su entidad de origen.
Corral Jurado detalló en una entrevista concedida a Aristegui Noticias que Inzunza Cázarez no ha asistido a las sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por una sugerencia de la propia coordinación de su bancada para evitar ser utilizado como un blanco de ataques políticos, pero confirmó que el senador sinaloense planea reincorporarse formalmente para el periodo extraordinario de sesiones. Asimismo, el exmandatario estatal refirió que el imputado le manifestó su total disposición de comparecer ante la Fiscalía General de la República sin escudarse bajo ninguna circunstancia en su fuero constitucional; la implicación de este espaldarazo busca aminorar la presión mediática sobre el bloque oficialista justo en el momento en que la federación desahoga los primeros requerimientos de la investigación internacional.
Ante los cuestionamientos directos sobre el perfil del legislador acusado de narcopolítica por la justicia estadounidense, Corral Jurado fue explícito al declarar que la acusación formal no le cuadra con la personalidad, la forma de conducirse y el desempeño institucional que le ha conocido a Inzunza en el trabajo de comisiones. Aunque aclaró que no mete las manos al fuego por nadie más que por sí mismo debido a que su relación con el sinaloense data de apenas año y medio, cuestionó con severidad que los informes de Washington deban tomarse como verdades definitivas dentro de los procesos penales nacionales; la implicación de esta postura advierte sobre el riesgo soberano de permitir que las agencias norteamericanas se conviertan en los ecualizadores de la política interior y del sistema de justicia en México.
El expediente S9 23 Cr. 180 del Distrito Sur de Nueva York señala a Enrique Inzunza, en su antiguo cargo como secretario general de Gobierno de Sinaloa, de haber participado junto al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya en reuniones clandestinas con la facción de Los Chapitos para cederles el control operativo de la Policía Estatal. Las acusaciones formales del gobierno norteamericano incluyen delitos graves como conspiración para la importación de narcóticos y posesión de ametralladoras, conductas que alcanzan la pena de cadena perpetua; la implicación de este complejo escenario judicial profundiza la brecha de opinión en el Congreso, donde la oposición exige la separación inmediata del cargo de los involucrados, mientras que el ala oficialista promueve una narrativa de presunción de inocencia frente a los señalamientos de los tribunales estadounidenses.
