H. Cd. de Chihuahua.- El activista del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Gabino Gómez, denunció de forma enérgica las respuestas indolentes de las autoridades ante las víctimas de desplazamiento forzado, acusando que las dependencias oficiales se dedican a desmentir la gravedad de la crisis con el falso argumento de que las familias no fueron expulsadas por la violencia, sino que abandonaron sus comunidades por su propia voluntad.
El derechohumanista evidenció la falta de apoyo humanitario y el desamparo en el que se encuentran las personas refugiadas en la capital del estado, señalando de forma concreta el caso de un grupo de desplazados originarios de Durango, a quienes las autoridades locales de Chihuahua les negaron la asistencia básica bajo la premisa de que no son chihuahuenses, mientras que el Gobierno Federal se mantiene totalmente ausente en todos los niveles de atención y protección.
Esta falta de reconocimiento institucional motivó la realización de una Misión Civil de Observación, convocando a observadores locales, nacionales e internacionales para recorrer la entidad y conocer de manera directa las condiciones de vulnerabilidad en las que sobreviven cientos de personas fuera de su territorio ancestral. La gravedad del fenómeno se acentúa en regiones críticas como Guadalupe y Calvo, donde más de 300 familias huyeron de la comunidad de Atascaderos, registrándose el asesinato de dos personas y la desaparición de una más tras ser presionadas por el gobierno para retornar sin garantías reales de seguridad; la implicación de esta observación civil internacional, respaldada por las Brigadas Internacionales de Paz y la Agencia de la ONU para los Refugiados, busca romper el cerco de invisibilización gubernamental y documentar de forma vinculante los atropellos cometidos por las estructuras criminales en la zona del Triángulo Dorado.
