H. Cd. de Chihuahua.- El debate sobre el citatorio emitido por la Fiscalía General de la República en contra de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, derivado de las investigaciones por la presunta presencia de la CIA y el desmantelamiento de un narcolaboratorio en Guachochi, colocó a la mandataria ante dos escenarios posibles de carácter legal y político. El abogado penalista Gabriel Regino sostuvo en entrevista nacional que la legislación procesal penal mexicana exime a los titulares del Ejecutivo estatal de la obligación de acudir de forma presencial o responder por escrito cuando son requeridos en calidad de testigos, por lo que calificó la acción ministerial como un desaseo normativo que busca generar ruido político más que un efecto jurídico contundente.
El primer escenario técnico estipula que si la fiscalía federal tuviera la intención de imputar formalmente un delito a la gobernadora, el proceso se encuentra viciado de origen debido a que la funcionaria goza de inmunidad procesal, obligando a la federación a tramitar primero una declaración de procedencia o desafuero ante el Poder Legislativo. La segunda ruta, de naturaleza político-legal, faculta a Campos Galván a optar por presentarse de manera voluntaria a la diligencia para reservarse su derecho a declarar y argumentar una persecución política sistemática; la implicación de esta estrategia, amparada en el artículo 90 del Código Procesal Penal, exime a la mandataria de acudir con un abogado defensor al no estar catalogada como indiciada, blindando sus declaraciones bajo el principio constitucional de no autoincriminación.
El caso de la jefa del Ejecutivo chihuahuense contrasta drásticamente con la situación jurídica del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien al no contar con un fuero constitucional vigente se encuentra estrictamente obligado a comparecer ante el Ministerio Público de la Federación por los expedientes que se le siguen sobre delincuencia organizada. El especialista penal remarcó la existencia de una defensa institucional a ultranza por parte de las dependencias del Gobierno Federal hacia el mandatario sinaloense para salvaguardar su presunción de inocencia, un trato diferenciado que no se ha replicado con la administración de Chihuahua a pesar de que el marco de la Ley de Seguridad Nacional prohíbe de forma estricta la operación directa de agentes extranjeros en territorio mexicano.
Ante la apertura de las dos carpetas de investigación por parte de la FGR, el Partido Acción Nacional anunció el despliegue de movilizaciones de respaldo y una concentración masiva para el último fin de semana de mayo, acusando al partido oficialista de instrumentalizar la justicia para frenar el combate a las estructuras criminales en el norte del país. La unificación de los criterios de defensa estatal y el respaldo de las dirigencias nacionales perfilan el conflicto como un choque de soberanías; la implicación de este desaseo procesal, calificado por expertos como un auténtico vodevil judicial, podría terminar por fortalecer la posición política de la gobernadora frente a las presiones del centro de la república.
