La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, rechazó las interpretaciones derivadas de una nueva serie de audios difundidos por el periodista Héctor de Mauleón, asegurando que las grabaciones son fragmentos descontextualizados de conversaciones privadas. A través de un comunicado oficial, la mandataria sostuvo que los interlocutores que aparecen en los audios se presentaron como agentes o intermediarios de instituciones estadounidenses sin acreditar oficialmente dicha representación, por lo que nunca se formalizó un requerimiento legal bajo los cauces institucionales correspondientes.
La gobernadora enfatizó que se mantiene tranquila y con plena disposición para aclarar cualquier planteamiento ante las autoridades competentes, al subrayar que no tiene actos irregulares que ocultar. En las grabaciones, se escucha a la mandataria consultar sobre posibles sanciones y el alcance de investigaciones, a lo que Ávila Olmeda respondió que cualquier referencia al intercambio de información se limita estrictamente a la coordinación institucional en materia de seguridad que Baja California sostiene, de forma oficial y legal, con autoridades mexicanas y estadounidenses.
El segundo audio, difundido este 13 de julio de 2026, reavivó la polémica al mencionar supuestas reuniones poco productivas y planteamientos de diálogo con una procuradora, así como la participación del abogado Michael Nadler, exfiscal federal especializado en corrupción y lavado de dinero. Ante esta situación, el Partido Acción Nacional ha solicitado que la gobernadora pida licencia al cargo para permitir una investigación transparente, una petición que la mandataria ha rechazado, reiterando que continuará enfocada en sus tareas de gobierno.
La controversia, que comenzó con la difusión de un primer audio el pasado 21 de junio de 2026 sobre la revocación de su visa estadounidense ocurrida en mayo de 2025, se mantiene sin una confirmación pública por parte del Departamento de Justicia o el FBI sobre investigaciones penales o cargos formales contra la gobernadora. Marina del Pilar concluyó su posicionamiento defendiendo la autonomía de la relación bilateral y aclarando que cualquier procedimiento debe desarrollarse exclusivamente a través de los mecanismos legales establecidos.
