Representantes de las comunidades de Mogótavo, Huitosachi y Bacajipare denunciaron que, tras un litigio iniciado en 2010 y una resolución emitida el año pasado por un tribunal colegiado, las autoridades estatales y municipales continúan sin resolver los graves problemas de drenaje, acumulación de basura y contaminación de aguas negras que afectan severamente su calidad de vida y salud.
Durante una reunión convocada por la jueza octavo de distrito para dar seguimiento a la ejecución de sentencia, la abogada Citlali Quintana señaló que el fallo obliga a mitigar los impactos del turismo mediante la creación de un plan integral de abastecimiento de agua potable, peritajes ambientales y un sistema de tratamiento mediante biofiltros con pertinencia cultural, de acuerdo con los lineamientos del documento de Consultoría Técnica Comunitaria de septiembre de 2025.
Las comunidades afectadas, que agrupan a más de 400 personas indígenas además de pobladores mestizos en la zona de Areponapuchi, reprocharon que la falta de presupuesto y la simulación institucional han frenado el cumplimiento de los mandatos judiciales, los cuales también contemplan la creación de una cooperativa recicladora regional, la transparencia financiera del Parque de Aventuras Barrancas del Cobre y la garantía de recursos fiscales para reparar los daños ambientales conforme a los principios de desarrollo sustentable y buen vivir.
Ante este panorama, los habitantes reiteraron que los recursos interpuestos por las autoridades solo buscan dar por concluido un caso donde las afectaciones sanitarias persisten cotidianamente, exigiendo que las dependencias involucradas abandonen las decisiones unilaterales y cumplan con los mecanismos de consulta y participación efectiva.
