Han pasado 13 años desde que se metió a la Constitución la figura de los derechos de las audiencias. Ahora, el gobierno federal puso a consulta una serie de lineamientos para fijar responsabilidades y multas a los medios. Esto encendió las alarmas de inmediato, pues se percibe como una vía para que las autoridades retomen el control sobre la radio y la televisión. Desde las oficinas oficiales afirman que estas normas no buscan censurar ni frenar la libertad de expresión. Sin embargo, cuando el poder empieza a revisar con lupa lo que se dice al aire y amenaza con castigos, el temor a que la regulación se use contra las voces incómodas resulta más que razonable. Analistas en comunicación coinciden en que estas medidas suelen ser la salida preferida de los gobiernos que no toleran la crítica. Detrás del discurso de la autorregulación, lo que realmente se busca es meter mano a los contenidos y supervisar la información diaria. Pero hay un punto clave que poco se menciona: ¿quién va a decidir qué es correcto cuando surja un pleito? Las reglas no se aplican solas, y dejar en manos de un funcionario la decisión de qué es información y qué es opinión equivale a entregarle el control de la censura. Durante más de una década, esa vigilancia le correspondió al Instituto Federal de Telecomunicaciones, un organismo autónomo. Ahora, la tarea se traslada a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, un ente que responde al gobierno federal, por más que se le prometa independencia técnica. No significa que los medios pierdan de golpe su autonomía, pero es ingenuo ignorar el peso político. Sorprende ver a la oposición señalar esto como una amenaza cuando en el pasado el sistema funcionaba a partir del dinero público asignado a las empresas de comunicación. Lo ideal tendría que ser poner al ciudadano al centro y garantizar su derecho a saber. Las empresas y comunicadores tienen derecho a cuestionar al gobierno, pero el público también merece información transparente y honesta. El problema de fondo es poner al gobierno en turno como el único árbitro de la verdad, dándole el poder de decidir qué es verídico, qué es falso o qué está fuera de contexto. Al depender la autoridad reguladora del Poder Ejecutivo, el riesgo de que actúe como juez y parte es real. A esto se suma el peligro de que los mecanismos de queja sean manipulados por grupos de presión o granjas de bots para satura a los medios, intimidar a conductores y presionar a las defensorías. El impacto final es la censura indirecta. Organizaciones como Artículo 19 han advertido que la amenaza de multas pesadas genera miedo y autocensura, llevando a los periodistas a suavizar sus notas o frenar investigaciones incómodas antes de arriesgarse a una sanción. Forzar una separación tajante entre noticia y punto de vista ignora cómo funciona el periodismo actual. Cuando se contextualiza un hecho, se realiza una entrevista o se decide el orden de una información, se aplica un criterio editorial natural que no se puede dividir de forma artificial. Frente al panorama actual, la pregunta de fondo es muy clara: ¿no sería mejor y más urgente impulsar una defensa de las audiencias que proteja la libre elección de la gente sobre los contenidos que quiere consumir, prohíba la manipulación oficial y evite que el Estado decida qué es verdad y qué no?
Han pasado 13 años desde que se metió a la Constitución la figura de los derechos de las audiencias. Ahora, el gobierno federal puso a consulta una serie de lineamientos para fijar responsabilidades y multas a los medios. Esto encendió las alarmas de inmediato, pues se percibe como una vía para que las autoridades retomen el control sobre la radio y la televisión. Desde las oficinas oficiales afirman que estas normas no buscan censurar ni frenar la libertad de expresión. Sin embargo, cuando el poder empieza a revisar con lupa lo que se dice al aire y amenaza con castigos, el temor a que la regulación se use contra las voces incómodas resulta más que razonable. Analistas en comunicación coinciden en que estas medidas suelen ser la salida preferida de los gobiernos que no toleran la crítica. Detrás del discurso de la autorregulación, lo que realmente se busca es meter mano a los contenidos y supervisar la información diaria. Pero hay un punto clave que poco se menciona: ¿quién va a decidir qué es correcto cuando surja un pleito? Las reglas no se aplican solas, y dejar en manos de un funcionario la decisión de qué es información y qué es opinión equivale a entregarle el control de la censura. Durante más de una década, esa vigilancia le correspondió al Instituto Federal de Telecomunicaciones, un organismo autónomo. Ahora, la tarea se traslada a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, un ente que responde al gobierno federal, por más que se le prometa independencia técnica. No significa que los medios pierdan de golpe su autonomía, pero es ingenuo ignorar el peso político. Sorprende ver a la oposición señalar esto como una amenaza cuando en el pasado el sistema funcionaba a partir del dinero público asignado a las empresas de comunicación. Lo ideal tendría que ser poner al ciudadano al centro y garantizar su derecho a saber. Las empresas y comunicadores tienen derecho a cuestionar al gobierno, pero el público también merece información transparente y honesta. El problema de fondo es poner al gobierno en turno como el único árbitro de la verdad, dándole el poder de decidir qué es verídico, qué es falso o qué está fuera de contexto. Al depender la autoridad reguladora del Poder Ejecutivo, el riesgo de que actúe como juez y parte es real. A esto se suma el peligro de que los mecanismos de queja sean manipulados por grupos de presión o granjas de bots para satura a los medios, intimidar a conductores y presionar a las defensorías. El impacto final es la censura indirecta. Organizaciones como Artículo 19 han advertido que la amenaza de multas pesadas genera miedo y autocensura, llevando a los periodistas a suavizar sus notas o frenar investigaciones incómodas antes de arriesgarse a una sanción. Forzar una separación tajante entre noticia y punto de vista ignora cómo funciona el periodismo actual. Cuando se contextualiza un hecho, se realiza una entrevista o se decide el orden de una información, se aplica un criterio editorial natural que no se puede dividir de forma artificial. Frente al panorama actual, la pregunta de fondo es muy clara: ¿no sería mejor y más urgente impulsar una defensa de las audiencias que proteja la libre elección de la gente sobre los contenidos que quiere consumir, prohíba la manipulación oficial y evite que el Estado decida qué es verdad y qué no?