Chihuahua, Chih.- Sin sus propiedades y obligadas a compartir viviendas para poder pagar la renta, varias docenas de familias provenientes de Moris y Uruachi enfrentan desde hace más de dos años las consecuencias del desplazamiento provocado por la violencia en sus comunidades.
En febrero pasado, los afectados ingresaron a un conjunto de casas que permanecían sin habitar en Ciudad Cuauhtémoc. Su intención era solicitar al Gobierno del Estado que se las vendiera, pero denunciaron que tuvieron que abandonar los inmuebles debido a presiones y amenazas de agentes policiales.
Posteriormente acudieron a distintas dependencias para buscar una solución. Sin embargo, aseguran que nunca recibieron una respuesta formal de COESVI y que en junio las propiedades fueron subastadas a favor de una empresa privada, mediante condiciones que ahora cuestionan.
Este lunes 26 de octubre, los integrantes del Comité de Personas y Familias Desplazadas anunciaron una nueva ocupación del fraccionamiento de Pensiones Civiles del Estado. Además, presentaron una solicitud para revertir la venta y demandaron una negociación que les permita comprar las casas mediante pagos accesibles, al considerar que fueron ignorados pese a su condición de víctimas de desplazamiento.