Por Juan González
Hace un par de semanas platicaba con un amigo acerca de la situación política de nuestro país. En medio de la conversación coincidíamos en algo: México sería distinto si dejáramos de politizar cada acción de gobierno, cada decisión pública y prácticamente cada problema que enfrenta nuestra sociedad.
Hablábamos también de la grandeza de nuestro país, de sus recursos naturales, de su ubicación geográfica, de sus capacidades económicas y, sobre todo, de las enormes oportunidades que tenemos frente a nosotros. Y entonces surgió una pregunta inevitable: ¿qué tan distinto sería México si quienes gobiernan y quienes participan en la política concentraran sus esfuerzos en resolver problemas, en lugar de convertir cada acción en una disputa política?
La llamada “grilla” no construye. Polariza, desvirtúa las discusiones y termina alimentando una percepción negativa de la política y de quienes participan en ella.
Un ejemplo de cómo esta dinámica puede afectar la relación entre los distintos niveles de gobierno lo encontramos en las visitas y acciones de coordinación de la presidenta Claudia Sheinbaum en los estados. Cuando una agenda institucional termina interpretándose principalmente desde la lógica partidista, existe el riesgo de que la discusión pública se reduzca a quién gobierna, de qué partido es y quién obtiene el beneficio político de cada anuncio.
El problema es que gobernar no debería funcionar así.
Un estado no debería tener que demostrar afinidad política para recibir atención, inversión o coordinación institucional. Las necesidades de una entidad federativa no cambian dependiendo del color del gobierno que la administra. Los hospitales necesitan inversión, las carreteras mantenimiento, los municipios recursos y los ciudadanos resultados.
El respeto institucional debería prevalecer independientemente del partido al que se pertenezca o de la ideología política que se defienda.
Cuando la relación entre gobiernos se contamina por intereses partidistas, quienes terminan pagando las consecuencias no son los dirigentes, ni los partidos, ni los grupos políticos: somos los ciudadanos.
Ocupar un puesto público debería llevar consigo una obligación fundamental: gobernar para todos, no solamente para quienes votaron por nosotros. No solamente para quienes piensan como nosotros. No solamente para quienes pertenecen a nuestro partido.
Gobernar significa representar también a quien piensa diferente, a quien cuestiona, a quien crítica y a quien incluso votó en contra, por eso necesitamos recuperar el valor de la política como una herramienta para construir y no como un mecanismo permanente de confrontación.
Porque sí es posible construir gobiernos que no distingan entre ciudadanos de un color y ciudadanos de otro. Gobiernos que entiendan que la pluralidad no es un obstáculo, sino una característica de nuestra democracia.
Para lograrlo se necesita la participación social y sobre todo, nuevos perfiles en la política que entiendan que llegar a un espacio público no significa conquistar un privilegio, sino asumir una responsabilidad.
