La desaparición forzada en México es un problema persistente cuyas causas de origen siguen vigentes, por lo que el análisis no debe limitarse a un solo sexenio; así lo afirmó el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno.
Al referirse al reciente informe de la ONU y las posturas de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario sostuvo que lo peor que puede hacer una autoridad es tratar de pensar que las cosas no existen.
Jáuregui subrayó que este fenómeno representa una deuda histórica con la población y que rechazar los diagnósticos internacionales es un error, pues el documento aporta elementos relevantes y ofrece apoyo técnico para fortalecer las instituciones.
Para las familias, la desaparición es uno de los peores delitos debido a la incertidumbre constante, similar al impacto del secuestro; según puntualizó el fiscal al evitar centrarse únicamente en clasificaciones legales.
Aunque señaló que en Chihuahua el comportamiento de este delito no es igual al de otras entidades donde va en aumento, reconoció que la realidad nacional es crítica. Jáuregui enfatizó que la justicia debe incluir necesariamente las labores de búsqueda e identificación, citando como ejemplo los avances en el sitio conocido como «El Willy», donde se localizaron cerca de 100 cuerpos y se han logrado entregar 80 a sus familiares.
La identificación de restos y la entrega de deudos a sus familias son acciones que permiten cerrar ciclos y representan una forma mínima de reparación del daño; así lo reiteró el titular de la Fiscalía. Jáuregui insistió en que el Estado debe asumir su responsabilidad con seriedad, enfocándose en resultados tangibles de búsqueda en lugar de entrar en descalificaciones políticas. Con esta postura, el fiscal general marca una distancia de la narrativa federal, priorizando el reconocimiento de la crisis humanitaria y la importancia del acompañamiento internacional para enfrentar la impunidad que rodea a las desapariciones en el país.