Con una cifra alarmante de más de 133 mil personas desaparecidas, 72 mil cuerpos sin identificar y una impunidad que alcanza el 99.6%, Amnistía Internacional urgió a declarar esta situación como una emergencia nacional.
La organización respaldó formalmente ante la ONU la activación del Artículo 34 de la convención internacional, calificando la crisis como «generalizada y sistemática». A través de una carta enviada al Comité contra la Desaparición Forzada, el organismo denunció que desde el año 2006 se han acumulado el 89% de los casos actuales, evidenciando una tragedia humanitaria que ha sido minimizada por la narrativa oficial del Estado mexicano.
Amnistía Internacional cuestionó la postura gubernamental que atribuye la violencia exclusivamente al crimen organizado, advirtiendo que existen múltiples casos donde autoridades participan directamente o actúan en complicidad con grupos delictivos. Asimismo, alertó sobre el riesgo extremo que enfrentan las más de 2 mil colectivas de buscadoras, quienes sufren amenazas y asesinatos ante la falta de protección institucional.
La organización concluyó que los recientes cambios institucionales en México amenazan con debilitar el acceso a la justicia, por lo que la intervención de organismos internacionales es un paso crítico para romper el ciclo de impunidad que perpetúa estas violaciones a los derechos humanos.
