El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la imposición de restricciones de visa a 75 individuos vinculados estrechamente con el Cártel de Sinaloa, como parte de una estrategia para asfixiar el entorno operativo de la organización criminal. Las sanciones, aplicadas bajo la Orden Ejecutiva 14059, permiten al gobierno estadounidense no solo negar el ingreso al país a estos familiares y asociados, sino también bloquear sus activos financieros. Rubio enfatizó que esta medida busca proteger a los ciudadanos estadounidenses de lo que calificó como «narco-terroristas peligrosos», endureciendo la presión sobre el círculo social y financiero de quienes lideran el tráfico de drogas hacia el norte.
A través de un mensaje directo, el funcionario subrayó que la Administración Trump mantendrá estas acciones para fortalecer la seguridad regional y combatir la entrada de sustancias mortales a su territorio. El Departamento de Estado advirtió que estas 75 personas fueron identificadas tras labores de inteligencia que confirman su cercanía o colaboración con figuras clave del cártel, enviando un mensaje claro de que no habrá tolerancia para quienes faciliten la estructura logística o se beneficien de las rentas del narcotráfico. Con este movimiento, Washington eleva el costo de la asociación con grupos criminales, afectando directamente la movilidad y el patrimonio de las familias ligadas al crimen organizado.