La Comisión de Puntos Constitucionales del Senado aprobó citar para el próximo martes a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y al fiscal César Jáuregui, para que expliquen la presencia de operativos de la CIA en la entidad sin la debida autorización federal. El acuerdo, endurecido por Morena a propuesta de Ignacio Mier, incluyó acusaciones de «violación a la Constitución y omisión de informar al Gobierno de México», transformando la comparecencia en un juicio político sobre la soberanía nacional tras la muerte de dos agentes estadounidenses en la Sierra Tarahumara.
La sesión derivó en un choque de alto voltaje cuando el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, calificó de «estúpido» el argumento de Morena para sentar a la mandataria en el «banquillo de los acusados» por combatir al crimen organizado. Anaya retó al oficialismo a medir con la misma vara y citar también a los gobernadores de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de Baja California, Marina del Pilar Ávila, por sus presuntos vínculos con la delincuencia. El panista insistió en que si se busca aclarar el ingreso de agentes extranjeros, el Senado debería convocar al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien posee el registro legal de personal diplomático.
Desde la trinchera de Morena, Javier Corral tildó de «mitómana» a la gobernadora y acusó a su administración de intentar engañar a la opinión pública ocultando la infiltración de agentes norteamericanos en operativos estatales. Corral subrayó que no se cuestiona la lucha contra el narco, sino la transgresión a la Ley de Seguridad Nacional. Por su parte, Gerardo Fernández Noroña escaló la narrativa al afirmar que la presencia de la CIA, y no de la DEA, sugiere una estrategia de «manual» para desestabilizar el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, asegurando que no permitirán el «descarrilamiento» de la actual administración federal.
En medio de la polarización, Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, cuestionó la legalidad y la motivación «cien por ciento política» del dictamen, recordando que la Comisión de Puntos Constitucionales no tiene facultades para llamar a cuentas a un gobernador, ya que estos responden ante sus respectivos congresos locales y la ciudadanía. Pese a las objeciones de la oposición sobre la invasión de esferas competenciales, la mayoría oficialista impuso el llamado a comparecer, dejando listo el escenario para un enfrentamiento institucional sin precedentes el próximo 28 de abril entre el Gobierno de Chihuahua y el Senado de la República.