La aprobación de un punto de acuerdo para citar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y al fiscal César Jáuregui ante el Senado desató una contraofensiva de la bancada del PAN, que ahora exige incluir al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en el mismo proceso de rendición de cuentas. Tras el aval de la mayoría de Morena para cuestionar a la mandataria chihuahuense por la muerte de agentes extranjeros en la sierra, el senador Ricardo Anaya sostuvo que, bajo el mismo criterio, Rocha Moya debe explicar sus presuntos vínculos con Ismael “El Mayo” Zambada y los detalles del encuentro previsto el día que el capo fue privado de la libertad.
La exigencia blanquiazul no se limitó a Sinaloa, pues también solicitaron que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, sea llamada a comparecer para revisar la actuación de su gobierno frente a la delincuencia organizada. Anaya calificó la embestida contra Chihuahua como una maniobra política y advirtió que si el Senado pretende erigirse en un órgano de fiscalización estatal, debe hacerlo de manera pareja y no selectiva. La postura panista busca evidenciar lo que consideran un doble rasero del oficialismo, que castiga la coordinación operativa en el norte pero omite señalar las sospechas de colusión en otros estados gobernados por Morena.
Durante el debate, legisladores de diversas fuerzas cuestionaron la legalidad del citatorio previsto para el próximo 28 de abril. El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, advirtió desde la tribuna que el acuerdo carece de sustento jurídico claro, ya que la Constitución no faculta expresamente al Senado para requerir este tipo de comparecencias de mandatarios estatales, quienes responden ante sus propios congresos locales. En este mismo sentido, Manlio Fabio Beltrones señaló que el punto de acuerdo es un ejercicio de pirotecnia política sin utilidad práctica, al no existir mecanismos obligatorios que fuercen la asistencia de los convocados.
El conflicto en la Cámara Alta refleja una crisis de facultades y una profunda polarización sobre la autonomía de los estados frente al centro. Mientras la mayoría de Morena y sus aliados insisten en que la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua es un asunto de seguridad nacional que amerita su intervención, la oposición denuncia una invasión de esferas competenciales diseñada para golpear a uno de los gobiernos estatales con mayor perfil opositor. Con las fechas ya marcadas en el calendario legislativo, el Senado se encamina a un choque institucional donde la legalidad del procedimiento será tan cuestionada como la información que se pretende obtener.
