La Unidad Especializada para investigar los hechos ocurridos entre el 17 y 19 de abril en la Sierra de Chihuahua, encabezada por la fiscal Wendy Paola Chávez Villanueva, presentó los primeros avances sobre el operativo que derivó en el desmantelamiento de un megamanufacturero de drogas y el posterior accidente donde murieron cuatro personas. De acuerdo con el análisis de 50 entrevistas ministeriales y 10 informes periciales, se confirmó que cuatro ciudadanos estadounidenses se integraron al convoy de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) desde su salida de la capital, por instrucción directa del titular de la corporación y sin que este informara o solicitara autorización a sus superiores jerárquicos.
La reconstrucción cronológica establece que el convoy, integrado por 40 elementos estatales, partió de Chihuahua el jueves 16 de abril; en las unidades asignadas al director de la AEI viajaban los cuatro civiles, quienes no portaban armas, uniformes ni insignias, y mantuvieron el rostro cubierto la mayor parte del trayecto. Durante la escala en el cuartel militar de Guachochi, el director sostuvo una reunión privada con mandos de la Sedena, pero los extranjeros no ingresaron ni participaron en la planeación del operativo. Los testimonios coinciden en que los civiles no tuvieron interacción con el personal militar ni con el grueso de la tropa estatal, limitando su contacto exclusivamente al director y su círculo cercano de escoltas.
El fatal desenlace ocurrió a la 1:50 de la mañana del domingo 19 de abril, tras la localización de dos laboratorios clandestinos en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos. Mientras el convoy retornaba a la ciudad de Chihuahua por caminos de terracería y escasa visibilidad, el vehículo donde viajaba el jefe de la corporación perdió el control y cayó a un barranco en las inmediaciones de Polanco. En el siniestro perdieron la vida el director de la AEI, uno de sus escoltas y dos de los ciudadanos extranjeros. Tras el accidente, uno de los oficiales sobrevivientes reveló a los equipos de auxilio que las víctimas eran presuntamente ciudadanos estadounidenses y «enlaces» de la Embajada de los Estados Unidos.
La fiscal Chávez Villanueva enfatizó que, si bien el Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez ya reclamó los cuerpos y proporcionó sus nombres, no ha precisado si estos hombres eran agentes o funcionarios adscritos a alguna agencia de seguridad como la CIA o la DEA. Hasta el momento, la investigación apunta a una «colaboración de carácter extraoficial», ya que los extranjeros no realizaron actos de autoridad, no ejercieron mando ni participaron operativamente en el decomiso. La Unidad Especializada continuará con las indagatorias y la coadyuvancia con la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar la naturaleza jurídica de esta presencia y deslindar responsabilidades por la omisión de reporte ante la cadena de mando estatal.