Monerías: Rewo: Lucha para Cruz y empleados sin utilidades
En las ferreterías Rewo, propiedad de Sahir Rentería, promotor de MORENA y la 4T, el conflicto dejó de ser interno. Un grupo nutrido de trabajadores ya sostuvo un acercamiento formal con el líder sindical Francisco Salsido para organizarse y constituir un sindicato.
El detonante no es menor, denuncian prácticas que les han limitado derechos laborales y, sobre todo, la constante narrativa de “números rojos” que les niega utilidades.
La molestia escaló cuando la empresa impulsó una función de lucha libre que, según los propios empleados, no es solo promoción comercial. La lectura que hoy predomina en el piso laboral es que ese evento opera en favor de la proyección política del alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar. Es decir, espectáculo financiado con recursos de la empresa que, en los hechos, estaría abonando a una causa electoral.
Ahí está el punto crítico: el temor y el enojo de los trabajadores de que sus utilidades y recursos económicos estén siendo desviados para nutrir esa estrategia. No es una sospecha menor. Para ellos, cada peso que no llega a su bolsillo mientras se financian eventos y posicionamientos refuerza la idea de que el “número rojo” es más una herramienta que una realidad.
Con ese telón de fondo, se prevé la intervención directa de Francisco Salcido, un operador que conoce cómo entrar a las empresas y formalizar estructuras. Si el sindicato cuaja, Rewo enfrentará un frente laboral con capacidad de presión y, eventualmente, de litigio. La empresa tendrá que decidir si sostiene la ruta del espectáculo con costo político o si abre cuentas y corrige. Aquí la lucha ya no es libre, es laboral y, de paso, política.
Así que de los mismos colaboradores salió, el que por cada articulo que compre en la Ferre se va directo a las arcas de una campaña politica.
Brenda Ríos, Exhibida
En la colonia Campesina, hace dos días, vecinos de toda la vida dejaron claro que ya la cacharon el mismo día que grababa un video y señalaron a la diputada de Morena, Brenda Ríos, por montar y fingir escenas con personas que, aunque se presentan como vecinos, nunca se han involucrado en las necesidades del sector, en lo que consideran un intento de crecimiento político.
El dato clave es que ese video nunca fue publicado porque, según los propios vecinos, fue descubierta en el momento. En ese material buscaba colgarse la medalla por operativos de la Policía Municipal contra el consumo de sustancias y la presencia de consumidores, acciones que llevan más de mes y medio y se han intensificado en la zona, mismas que los habitantes reconocen como resultado de su organización con la Policía Municipal y la Presidencia, quien días antes tuvo al Director, Julio Salas y a funcionarios de primer nivel.
El reclamo no vino de partidos. Fueron habitantes quienes mostraron conversaciones de WhatsApp donde advirtieron que no permitirán que nadie capitalice sus problemas. Ahí también señalaron que ya identifican el modus operandi de la diputada, acudir a colonias con conflictos, grabar con tono forzado, intentar hablar como la gente y enfocar su narrativa en golpear a autoridades municipales.
Las críticas se endurecen con otra acusación directa. Vecinos aseguran que cuando la cuestionan quienes sí conocen la realidad del sector, la diputada recurre a los mismos grupos para defenderla públicamente, mismos que, afirman, están financiados. Para la Campesina el mensaje es claro, la necesidad social no es utilería política y los resultados llegan cuando la presión vecinal es real.
En las ferreterías Rewo, propiedad de Sahir Rentería, promotor de MORENA y la 4T, el conflicto dejó de ser interno. Un grupo nutrido de trabajadores ya sostuvo un acercamiento formal con el líder sindical Francisco Salsido para organizarse y constituir un sindicato.
El detonante no es menor, denuncian prácticas que les han limitado derechos laborales y, sobre todo, la constante narrativa de “números rojos” que les niega utilidades.
La molestia escaló cuando la empresa impulsó una función de lucha libre que, según los propios empleados, no es solo promoción comercial. La lectura que hoy predomina en el piso laboral es que ese evento opera en favor de la proyección política del alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar. Es decir, espectáculo financiado con recursos de la empresa que, en los hechos, estaría abonando a una causa electoral.
Ahí está el punto crítico: el temor y el enojo de los trabajadores de que sus utilidades y recursos económicos estén siendo desviados para nutrir esa estrategia. No es una sospecha menor. Para ellos, cada peso que no llega a su bolsillo mientras se financian eventos y posicionamientos refuerza la idea de que el “número rojo” es más una herramienta que una realidad.
Con ese telón de fondo, se prevé la intervención directa de Francisco Salcido, un operador que conoce cómo entrar a las empresas y formalizar estructuras. Si el sindicato cuaja, Rewo enfrentará un frente laboral con capacidad de presión y, eventualmente, de litigio. La empresa tendrá que decidir si sostiene la ruta del espectáculo con costo político o si abre cuentas y corrige. Aquí la lucha ya no es libre, es laboral y, de paso, política.
Así que de los mismos colaboradores salió, el que por cada articulo que compre en la Ferre se va directo a las arcas de una campaña politica.
Brenda Ríos, Exhibida
En la colonia Campesina, hace dos días, vecinos de toda la vida dejaron claro que ya la cacharon el mismo día que grababa un video y señalaron a la diputada de Morena, Brenda Ríos, por montar y fingir escenas con personas que, aunque se presentan como vecinos, nunca se han involucrado en las necesidades del sector, en lo que consideran un intento de crecimiento político.
El dato clave es que ese video nunca fue publicado porque, según los propios vecinos, fue descubierta en el momento. En ese material buscaba colgarse la medalla por operativos de la Policía Municipal contra el consumo de sustancias y la presencia de consumidores, acciones que llevan más de mes y medio y se han intensificado en la zona, mismas que los habitantes reconocen como resultado de su organización con la Policía Municipal y la Presidencia, quien días antes tuvo al Director, Julio Salas y a funcionarios de primer nivel.
El reclamo no vino de partidos. Fueron habitantes quienes mostraron conversaciones de WhatsApp donde advirtieron que no permitirán que nadie capitalice sus problemas. Ahí también señalaron que ya identifican el modus operandi de la diputada, acudir a colonias con conflictos, grabar con tono forzado, intentar hablar como la gente y enfocar su narrativa en golpear a autoridades municipales.
Las críticas se endurecen con otra acusación directa. Vecinos aseguran que cuando la cuestionan quienes sí conocen la realidad del sector, la diputada recurre a los mismos grupos para defenderla públicamente, mismos que, afirman, están financiados. Para la Campesina el mensaje es claro, la necesidad social no es utilería política y los resultados llegan cuando la presión vecinal es real.