Chihuahua, Chih.- La dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua, encabezada por la secretaria general Janeth Montes López, lanzó una condena enérgica contra el partido Morena tras las acusaciones de vínculos con el crimen organizado que pesan sobre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. En rueda de prensa, Montes López calificó los hechos como uno de los episodios más preocupantes de corrupción e infiltración delictiva en la historia reciente de México, advirtiendo que la sociedad no debe permitir que se normalice la violencia ni la presencia de actores del hampa en las estructuras del Estado.
Acompañada por el diputado Roberto Arturo Medina Aguirre, la secretaria general sostuvo que Morena debe dejar de evadir su responsabilidad política y ofrecer respuestas claras ante la crisis de inseguridad que golpea al país. Por su parte, el legislador Medina Aguirre señaló que la soberanía nacional no debe ser utilizada como un pretexto para frenar investigaciones o proteger a funcionarios señalados por autoridades internacionales. El PRI insistió en que el gobierno federal debe actuar con imparcialidad, exigiendo que la ley se aplique sin distingos partidistas para garantizar que las instituciones recuperen la confianza de las familias mexicanas.
El posicionamiento del priismo chihuahuense subraya que el discurso oficialista ha mostrado una peligrosa incongruencia al desestimar las pruebas y señalamientos de colusión con el Cártel de Sinaloa. Para los dirigentes, la gravedad de los cargos —que incluyen sobornos y apoyo político a cambio de facilitar el tráfico de drogas— demanda una limpieza profunda en las filas del partido en el poder. Concluyeron que México merece autoridades comprometidas con el Estado de Derecho y no gobiernos cuya legitimidad esté bajo la sombra de la delincuencia organizada.
Finalmente, el tricolor en Chihuahua advirtió que se mantendrá vigilante de los procesos legales y de la postura que asuma la Federación ante estos actos de traición a la función pública. La exigencia es tajante: claridad total y castigo a los responsables, rechazando cualquier intento de encubrimiento bajo el amparo de la política interna. Para la oposición local, el caso Sinaloa es la evidencia de una falla institucional sistémica que pone en riesgo la estabilidad del país y la seguridad de todas las familias mexicanas.
