El Departamento de Estado de Estados Unidos, bajo la dirección de Marco Rubio, inició una revisión exhaustiva de los 53 consulados de México en territorio estadounidense, con la posibilidad abierta de clausurar diversas sedes diplomáticas. Según reportes de CBS News, esta medida busca alinear la presencia extranjera con las prioridades de la administración Trump, bajo el argumento de que la política exterior debe responder estrictamente a la agenda de la Casa Blanca. El endurecimiento de la postura estadounidense ocurre en un momento de máxima tensión, alimentado por la reciente muerte de dos agentes de la CIA en Chihuahua y las graves acusaciones de colusión entre el Cártel de Sinaloa y funcionarios del gobierno mexicano.
La presión de Washington no se detiene en la burocracia, pues Marco Rubio anunció simultáneamente la restricción de visas para 75 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa, intensificando el cerco sobre la red de protección de «Los Chapitos». Las investigaciones del Departamento de Justicia apuntan directamente al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, señalándolo de haber recibido apoyo operativo de dicha facción criminal para ganar la gubernatura a cambio de protección estatal. Este señalamiento ha fracturado la confianza bilateral, llevando a Estados Unidos a cuestionar la utilidad y permanencia de una de las redes consulares más grandes del mundo en su propio suelo.
Ante lo que se perfila como una ofensiva diplomática sin precedentes, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió con el envío de una nota diplomática exigiendo pruebas concretas sobre las acusaciones contra Rocha Moya y los otros nueve funcionarios implicados. La postura del Gobierno de México es de rechazo total a lo que consideran una injerencia basada en filtraciones, mientras que desde el Departamento de Estado se insiste en que las relaciones exteriores están en un proceso de reevaluación constante. La revisión de los consulados es interpretada como un mensaje de «puño de hierro» que utiliza la infraestructura diplomática como moneda de cambio ante las fallas en la cooperación de seguridad.
El escenario para México es crítico: perder sedes consulares no solo afectaría la atención a millones de connacionales, sino que simbolizaría un degradamiento histórico de la relación con su principal socio comercial. La administración de Marco Rubio ha dejado claro que la soberanía operativa de los cárteles en territorio mexicano tendrá consecuencias directas en la presencia de México en Estados Unidos. Mientras la cancillería mexicana apela a los canales formales y a la presunción de inocencia, en Washington la narrativa de «Estado infiltrado» gana terreno, colocando a la diplomacia mexicana en una posición de vulnerabilidad defensiva que podría reconfigurar la frontera en términos políticos y administrativos.
