La violencia en Sinaloa escaló un peldaño más con el ataque armado contra una de las propiedades de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia, en la colonia Las Quintas. Durante la mañana de este sábado, un comando descargó ráfagas de alto poder contra la fachada del inmueble de tres pisos ubicado en la calle Lago de Cuitzeo, sitio donde el político morenista residió durante décadas antes de mudarse a la Isla Musala. Aunque la vivienda se encontraba deshabitada desde que Rocha Moya asumió el poder en 2021, los impactos de bala en los muros blancos quedaron como un mensaje directo en medio de la crisis de seguridad que azota a la capital sinaloense.
Este atentado ocurre en el punto más crítico de la trayectoria del político, quien se encuentra bajo licencia y con paradero desconocido tras ser señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos nexos con la facción de «Los Chapitos» del Cártel de Sinaloa. Las acusaciones de Washington sostienen que el gobierno estatal ofreció protección a cambio de financiamiento y apoyo electoral, una señal que la administración de Donald Trump ha tomado como bandera para endurecer su política de «tolerancia cero» contra la narcopolítica en México. El ataque a la casa no es solo un hecho de vandalismo armado, sino la materialización de la tensión que rodea a una estructura gubernamental hoy descabezada y bajo la lupa internacional.
El vacío de poder en Sinaloa, acentuado por las licencias de Rocha Moya y del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez —también señalado por las autoridades estadounidenses—, ha convertido a la ciudad en un escenario de incertidumbre y ajustes de cuentas. Mientras la fachada baleada frente al parque de Las Quintas es procesada por peritos, la narrativa política se complica para la presidenta Claudia Sheinbaum, quien enfrenta la presión directa de Washington para actuar contra los gobernantes vinculados al crimen organizado. El silencio del gobernador con licencia ante el estruendo de los fusiles en su antigua casa solo alimenta la expectación sobre un desenlace que parece inminente para la política sinaloense.
Al cierre, el ataque reafirma que en Culiacán los límites entre la gestión pública y los conflictos de los cárteles se han borrado por completo. La propiedad, que alguna vez fue el núcleo familiar del mandatario, es hoy el símbolo de una caída estrepitosa marcada por expedientes judiciales en el extranjero y ráfagas de plomo en el territorio local. Sin heridos que reportar, el saldo de esta mañana es puramente político y psicológico: un recordatorio de que la inmunidad se agota cuando las alianzas oscuras se rompen o cuando el vecino del norte decide intervenir en el tablero de la seguridad nacional.