La Fiscalía General de la República (FGR) anunció la apertura de una línea de investigación formal contra la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para determinar si el gobierno local invadió facultades exclusivas de la Federación durante el operativo en el municipio de Morelos. La institución que encabeza Ernestina Godoy argumenta que las autoridades estatales pudieron haber infringido el diseño constitucional de atribuciones al intervenir en un caso de seguridad nacional y delincuencia organizada, además de presuntamente haber gestionado la participación de agentes extranjeros sin la conducción de la política exterior que compete únicamente al Gobierno de la República.
El informe de la FGR enfatiza que las entidades federativas tienen estrictamente prohibido realizar alianzas, tratados o coaliciones con otros países, esto en relación con los reportes sobre la presencia de elementos vinculados a agencias de inteligencia estadounidenses en la zona serrana. La autoridad federal subrayó que la investigación, persecución y sanción de delitos que involucren al crimen organizado —como el laboratorio de metanfetamina asegurado en abril— son competencia exclusiva de la Federación, por lo que el despliegue estatal bajo el mando del Gobierno de Chihuahua podría constituir una violación a la soberanía nacional.
Por su parte, la gobernadora Maru Campos rechazó categóricamente las acusaciones, asegurando que el operativo fue diseñado y ejecutado exclusivamente por instancias mexicanas bajo el marco de la ley. La mandataria reiteró que en su administración «no hay acuerdos en lo obscurito» y que es respetuosa de la Constitución, deslindándose de cualquier conocimiento sobre la participación de agentes extranjeros en territorio chihuahuense. Esta postura choca directamente con la confirmación previa de la propia Fiscalía estatal sobre la presencia de cuatro estadounidenses armados en el convoy que partió hacia la Sierra.
El conflicto escaló tras el decomiso masivo en el laboratorio clandestino, donde la FGR contabilizó 55 mil litros de sustancias químicas, 50 toneladas de sólidos y dos mil litros de metanfetamina. Mientras la gobernadora defiende los resultados operativos como una victoria contra la impunidad, la Federación centra su atención en el proceso administrativo y legal de la incursión. El desenlace de esta indagatoria definirá el futuro de la coordinación en seguridad para el estado y determinará posibles responsabilidades penales para los funcionarios que permitieron una actuación fuera del marco competencial federal.
