El senador por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, habría sido detenido por autoridades estadounidenses en San Diego, California, bajo cargos relacionados con el tráfico de drogas, según reportes de medios nacionales que circularon este sábado. El legislador federal forma parte de la lista de funcionarios sinaloenses investigados por el gobierno de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico. Este expediente también incluye al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y a miembros clave de su equipo de trabajo en la entidad.
Las primeras versiones señalan que la captura del sinaloense habría derivado de una entrega voluntaria pactada con agencias norteamericanas, coincidiendo con los recientes arrestos de los exsecretarios estatales Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz. Trascendió que Inzunza Cázarez habría optado por presentarse ante la justicia extranjera debido a que en territorio mexicano cuenta con fuero constitucional por su cargo en el Senado de la República. Esta condición política impedía de momento su procesamiento inmediato por la vía local en México.
Este golpe judicial profundiza la vulnerabilidad en el grupo político que ha gobernado Sinaloa, dejando al descubierto el avance de las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la red institucional de la entidad. El caso ha encendido las alarmas en las altas esferas partidistas ante el temor de que las declaraciones de los funcionarios agilicen nuevas órdenes de aprehensión o bloqueos financieros masivos. Se espera que en las próximas horas se oficialice la noticia o bien sea desmentida por las vías diplomáticas de México y Estados Unidos.
En resumen, la presunta caída del senador Inzunza consolida el desmantelamiento del círculo cercano de Rubén Rocha Moya fuera de las fronteras nacionales, donde los mecanismos de inmunidad procesal mexicana carecen de validez legal. La implicación de este movimiento internacional presiona directamente la legitimidad del movimiento en el poder, obligando a las dirigencias a recalibrar su narrativa pública en medio de una crisis de seguridad sin precedentes. El proceso en las cortes de California definirá el alcance de las revelaciones sobre la presunta protección política al crimen organizado en el noroeste del país.