H. Cd. de Chihuahua.- El senador de la República por el Partido Acción Nacional, Mario Vázquez Robles, denunció la existencia de un evidente trato diferenciado y faccioso por parte de las autoridades ministeriales federales, acusando una abierta protección política desde el Gobierno Federal hacia el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros altos funcionarios de esa entidad. El legislador chihuahuense precisó que, contrario a las narrativas difundidas de manera pública para simular equidad institucional, hasta el momento no se ha emitido ningún documento oficial de citatorio formal dirigido al mandatario sinaloense ni a los nueve implicados en los señalamientos de la Corte de Nueva York, limitándose la Fiscalía General de la República a lanzar un simple comunicado de prensa explicativo.
Vázquez Robles contrastó esta omisión legal frente a la celeridad e inmediatez con la que agentes federales procedieron a notificar formalmente a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, una acción que calificó como una aplicación estrictamente parcial de la justicia al tratarse de expedientes diametralmente opuestos en su origen y naturaleza. El senador albiazul sentenció que mientras en Chihuahua la administración local combate de manera frontal las estructuras del crimen organizado, en Sinaloa se encubre, cuida y defiende políticamente desde el púlpito presidencial a actores vinculados con el narcotráfico internacional como Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, demostrando que el aparato federal mide con una vara distinta los conflictos de seguridad.
El parlamentario federal manifestó su preocupación ante el intento de construir un juicio mediático anticipado y sin sustento probatorio en contra de la jefa del Ejecutivo chihuahuense, alertando que las cúpulas del partido oficialista prácticamente la han declarado traidora a la patria con el único fin de socavar la estabilidad del estado. Sostuvo de forma contundente que las acusaciones carecen de toda viabilidad técnica y que jurídicamente no existe ningún fundamento real para configurar dicho delito federal ni para promover un procedimiento de procedencia de manera directa, toda vez que las decisiones operativas de la entidad se apegan al marco de la ley y a las atribuciones de coordinación vigentes.
Finalmente, el representante de Chihuahua en la Cámara Alta enfatizó que cualquier intento de desestabilización institucional o solicitud de desafuero contra la gobernadora topará con pared debido al pacto federal establecido, recordando que Chihuahua es un estado libre y soberano cuya representación legítima recae de forma exclusiva en el pleno del Congreso local. La implicación de este enérgico posicionamiento desde el Senado de la República eleva la confrontación política a nivel nacional, blindando la postura del panismo chihuahuense y exigiendo que los órganos de procuración de justicia retomen la imparcialidad constitucional en lugar de operar como una extensión de la agenda electoral del Poder Ejecutivo federal.
