H. Cd. de Chihuahua.- La dirigencia nacional de Morena, encabezada por Ariadna Montiel, afirmó este 2 de junio que el partido esperará a que se presenten las pruebas correspondientes sobre los señalamientos emitidos por el Gobierno de Estados Unidos contra políticos de Sinaloa, entre ellos Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y Juan de Dios Gámez Mendívil, antes de tomar una definición sobre su permanencia en las filas del instituto político. En conferencia de prensa, la lideresa morenista respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum al rechazar que México sea utilizado como «la piñata de nadie» de cara a las elecciones norteamericanas de noviembre, advirtiendo que no se permitirán intromisiones extranjeras de cara al proceso electoral de 2027. Montiel subrayó que los implicados se encuentran actualmente separados de sus cargos públicos y bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia ante la cual ya han acudido a declarar, por lo que el partido se mantendrá a la expectativa de las resoluciones judiciales priorizando la atención al pueblo sinaloense.
La crisis política y el procedimiento de extradición contra el exgobernador Rocha Moya y otros nueve funcionarios avanzan bajo el cobijo de un plazo legal de 60 días establecido en el Tratado Bilateral entre ambos países, activado luego de que el Departamento de Justicia estadounidense los acusara formalmente el pasado 29 de abril por presuntos nexos con la facción de Los Chapitos. La controversia se mantiene en vilo debido a que las autoridades mexicanas sostienen que la parte requirente no ha entregado las copias certificadas ni las evidencias que justifiquen plenamente las capturas y el enjuiciamiento, lo que la presidencia de la República califica como una posible intromisión con propósitos políticos. El impacto de la investigación ha forzado licencias de perfiles clave como el exvicefiscal Dámaso Castro y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, mientras que en casos paralelos se reporta la detención en Arizona del exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida, y la presunta entrega en Nueva York del exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz, exponiendo una fractura sin precedentes en el aparato gubernamental de aquella entidad.