Tras más de 30 horas de audiencia, la jueza Alejandra Ramírez de la Vega dictó auto de vinculación a proceso en contra del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y siete coacusados por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, contrabando y ilícitos en materia de hidrocarburos. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada expuso los datos de prueba que señalan al exmandatario como presunto líder de una red dedicada a la importación y comercialización ilegal de combustible proveniente de Texas.
Derivado de la resolución emitida en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, el exgobernador permanecerá recluido en el penal del Altiplano bajo la medida cautelar de prisión preventiva junto a otros implicados, mientras que el resto enfrentará el proceso bajo prisión domiciliaria o en otros centros penitenciarios. La investigación de la Fiscalía General de la República documentó un perjuicio fiscal superior a los 4 mil millones de pesos mediante miles de operaciones aduaneras irregulares que declaraban una fracción menor del volumen real transportado.
