José Andrés L. O. fue condenado a 41 años de cárcel tras aceptar su responsabilidad en el feminicidio agravado de su exconcubina, ocurrido en abril de 2024; así lo informó la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) en la Zona Norte. El agresor decidió apegarse a un procedimiento abreviado luego de que el Ministerio Público presentara pruebas contundentes sobre el crimen cometido en el fraccionamiento Cerradas de Oriente etapa II. Además de la pena privativa de la libertad, el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos le impuso un pago de 1 millón 874 mil 450 pesos por concepto de reparación del daño a favor de las víctimas indirectas.
Los hechos se registraron el pasado 6 de abril de 2024, cuando el hoy sentenciado atacó a la víctima, identificada con las iniciales L. E. M. A., provocándole la muerte mediante golpes contusos y heridas punzocortantes. El informe forense determinó que la causa del deceso fue un traumatismo craneoencefálico severo, derivado de la violencia ejercida dentro del domicilio. La investigación de la Unidad Especializada en Homicidios de Mujeres por Razones de Género permitió establecer la identidad del responsable, quien ya se encontraba recluido en el Cereso Estatal número 3 por delitos contra la salud al momento de ser notificado de la orden de aprehensión por feminicidio.
La sentencia dictada por el Poder Judicial del Estado busca garantizar justicia ante un acto de extrema violencia de género que conmocionó a la comunidad fronteriza; según destacaron las autoridades ministeriales tras concluir el proceso. Con el procedimiento abreviado, el sistema judicial agiliza la resolución de casos de alto impacto, asegurando que los responsables enfrenten consecuencias legales sin dilaciones. José Andrés L. O. permanecerá internado en el Centro de Reinserción Social número 3 de Ciudad Juárez, donde deberá cumplir la totalidad de su condena sin los beneficios de libertad anticipada debido a la naturaleza agravada del delito.
Este fallo refuerza el compromiso de la Fiscalía de Chihuahua en la persecución de delitos contra la mujer, en una ciudad marcada históricamente por la lucha contra la impunidad en feminicidios; de acuerdo con las políticas de atención a víctimas del delito. La imposición de una reparación del daño millonaria subraya la responsabilidad civil del agresor, aunque el impacto social y humano del crimen permanece como una herida abierta en la estructura familiar de la víctima. Al cierre de este caso, las autoridades reiteran la importancia de denunciar cualquier signo de violencia doméstica para prevenir tragedias que sigan cobrando la vida de mujeres en la entidad.