El senador Juan Carlos Loera de la Rosa presentó un Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para citar a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y al fiscal general, César Jáuregui Moreno, con el fin de que rindan cuentas ante el Senado de la República el próximo 28 de abril. La solicitud surge tras la muerte de cuatro personas en el municipio de Morelos —incluyendo dos agentes estadounidenses identificados como miembros de la CIA—, un hecho que ha puesto al descubierto presuntas violaciones a la Ley de Seguridad Nacional y a los protocolos de coordinación entre el estado y la Federación. “La soberanía nacional no admite ambigüedades; su respeto es una obligación constitucional”, sentenció Loera desde la tribuna.
El legislador morenista advirtió que la presencia de personal extranjero en tareas operativas de seguridad, sin la debida notificación al Gobierno de México, representa un desacato al marco jurídico vigente que otorga exclusivamente a la Federación la conducción de la política exterior y la seguridad nacional. Loera subrayó que lo ocurrido el pasado fin de semana en la zona serrana no es un incidente aislado, sino el reflejo de una práctica de acuerdos unilaterales entre el gobierno estatal y agencias de Estados Unidos que operan al margen de la Constitución. Por ello, el Punto de Acuerdo busca esclarecer la naturaleza, el alcance y el fundamento legal de dicha participación extranjera en territorio chihuahuense.
En su mensaje, Juan Carlos Loera enfatizó que la seguridad de los ciudadanos no puede construirse mediante decisiones que alteren la distribución de competencias ni mediante el ocultamiento de información a las instancias federales. Esta postura se alinea con la investigación anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha señalado la gravedad de que agentes de otro país realicen misiones de campo sin el aval de la Secretaría de Relaciones Exteriores o el Gabinete de Seguridad Nacional. Para el senador, la comparecencia es indispensable para que el Senado evalúe posibles acciones legales frente a lo que calificó como una política de seguridad «paralela» en Chihuahua.
El Punto de Acuerdo fue turnado a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública, presididas por Óscar Cantón y Lucía Trasviña, respectivamente, donde se definirá la ruta para concretar el llamado a los funcionarios estatales. Loera concluyó que el cumplimiento de la ley es la base mínima para garantizar la paz, y que cualquier relación con gobiernos extranjeros debe estar bajo la rectoría estricta del Estado mexicano. Con este movimiento legislativo, la presión sobre la administración de Maru Campos se traslada al corazón del Congreso de la Unión, exigiendo transparencia total sobre la presencia y las armas que portaban los agentes de la CIA en la Sierra Tarahumara.