Una siniestra red de tráfico de personas ha reclutado bajo falsas promesas de empleo a decenas de peruanos, cuyo destino final no fueron los puestos de seguridad o cocina prometidos, sino las líneas de batalla en el conflicto contra Ucrania. Según denunció el abogado Percy Salinas, al menos ocho compatriotas han muerto en combate y 11 más partieron apenas el sábado pasado, víctimas de un engaño que inicia con jugosas ofertas de 4,000 dólares mensuales y un bono de 20,000 dólares. La red, integrada por colombianos, mexicanos y tres peruanos, se enfoca en captar a licenciados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, a quienes hacen firmar contratos en ruso que terminan despojándolos de su libertad y nacionalidad.
El mecanismo de operación es tan metódico como cruel: una vez que los reclutados llegan a Rusia, les confiscan pasaportes y celulares, bajo el argumento de que ahora «deben» el costo de su traslado. Con apenas tres semanas de adiestramiento militar, son enviados al frente de batalla. Salinas detalló que la empresa responsable ha cambiado de nombre seis veces para evadir a la justicia, mientras que las familias en Perú que se atreven a denunciar ante la Dirección de Investigación de Delitos contra la Trata de Personas (DININCRE) son blanco de amenazas inmediatas en sus teléfonos, lo que sugiere una posible filtración de información dentro de las instituciones de seguridad.
La respuesta del Estado peruano ha sido duramente criticada por los afectados, quienes acusan a la Cancillería de mantener una postura pasiva frente a una crisis humanitaria que ya suma 120 familias desesperadas. Aunque los cuerpos de ocho peruanos se encuentran en morgues de la zona de conflicto, el proceso de repatriación es nulo ante la falta de mediación oficial. El equipo legal de las familias ha tenido que recurrir al Comité Internacional de la Cruz Roja para intentar gestionar el retorno de los heridos y los restos de los fallecidos, mientras el gobierno peruano sigue sin emitir una estrategia clara para frenar el flujo de compatriotas que siguen saliendo del país bajo estas redes de engaño.
Este drama evidencia la vulnerabilidad de exmilitares peruanos ante la precariedad económica y la sofisticación de las mafias internacionales de reclutamiento. Mientras la red sigue operando con impunidad a través de plataformas como Instagram, las familias exigen una audiencia directa con el canciller para detener lo que califican como una sentencia de muerte disfrazada de oportunidad laboral. La inacción de las autoridades no solo permite que más peruanos sean enviados a una guerra ajena, sino que deja en la total indefensión a quienes hoy buscan recuperar, aunque sea en un féretro, a sus seres queridos atrapados en territorio ruso.