* Enrique Inzunza Cázarez, senador y exsecretario general de Gobierno.
* Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas.
* Dámaso Castro Saavedra, fiscal general adjunto de la Fiscalía del Estado.
* Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación.
* Alberto Jorge Contreras Núñez, alias Cholo, exjefe de la Policía de Investigación.
* Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal.
* José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado, exsubdirector de la Policía de Sinaloa.
* Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán.
* Juan Valenzuela Millán, exmando de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán. La gravedad de estas imputaciones trasciende las fronteras sinaloenses, pues fuentes cercanas a la investigación señalan que esquemas de corrupción y colusión institucional muy similares se estarían viviendo actualmente en el estado de Chihuahua. Esta expansión del foco judicial sugiere que el modelo de protección oficial detectado en el noroeste podría repetirse en otras entidades fronterizas, donde los cargos de alto rango servirían como facilitadores para el flujo de narcóticos y el control territorial a cambio de estabilidad política y sobornos millonarios. El panorama para los acusados es crítico, enfrentando penas que van desde los 40 años hasta la cadena perpetua en prisiones federales de Estados Unidos. Destaca el caso de Juan Valenzuela, quien tiene asegurada la cadena perpetua debido a cargos por secuestro relacionados con una fuente de la DEA. Al final, este expediente no solo busca sentencias individuales, sino que expone la falla sistémica de un gobierno estatal que, según la justicia neoyorquina, traicionó su mandato para convertirse en un aliado logístico del narcotráfico.