Chihuahua, Chih.- Monero.mx te presenta el documento oficial bajo traducción del Departamento de Justicia en el que acusa de narcotrafico al Gobernador de Sinaloa por MORENA, Ruben Rocha y 9 funcionarios más, estaría por revelarse si se incluiría el concepto de narcoterrorismo:
Oficina del Fiscal de Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York
Los acusados presuntamente conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para introducir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos
El fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, anunciaron hoy la desclasificación de una acusación formal que imputa a RUBEN ROCHA MOYA, ENRIQUE INZUNZA CAZAREZ, ENRIQUE DIAZ VEGA, DAMASO CASTRO ZAAVEDRA, MARCO ANTONIO ALMANZA AVILES, ALBERTO JORGE CONTRERAS NUNEZ, alias “Cholo”, GERARDO MERIDA SANCHEZ, JOSE ANTONIO DIONISIO HIPOLITO, alias “Tornado”, JUAN DE DIOS GAMEZ MENDIVIL y JUAN VALENZUELA MILLAN, alias “Juanito”, por delitos de narcotráfico y relacionados con armas. MILLAN también enfrenta cargos adicionales vinculados a su participación en secuestros de una fuente de la DEA y de un familiar de dicha fuente, hechos que derivaron en sus muertes. Todos los acusados son actuales o exfuncionarios de alto nivel en el gobierno y en corporaciones de seguridad en el estado de Sinaloa, incluyendo al actual gobernador, RUBEN ROCHA MOYA, y se les señala por haber colaborado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos en Estados Unidos. El caso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.
“El Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado a esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”, declaró el fiscal Jay Clayton. “Como lo expone la acusación, el Cártel de Sinaloa, y otras organizaciones de narcotráfico similares, no podrían operar con tanta libertad ni éxito sin políticos corruptos y funcionarios de seguridad en su nómina. El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico de drogas letales debe terminar. Que estos cargos envíen un mensaje claro a todos los funcionarios en el mundo que colaboran con narcotraficantes: sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”.
“El Cártel de Sinaloa no solo trafica drogas mortales, es una organización designada como terrorista que depende de la corrupción y el soborno para impulsar la violencia y obtener ganancias”, afirmó el administrador de la DEA, Terrance Cole. “Esta acusación expone un esfuerzo deliberado por socavar instituciones públicas y poner en riesgo vidas estadounidenses. Los acusados presuntamente utilizaron posiciones de confianza para proteger las operaciones del cártel, facilitando un flujo constante de drogas hacia nuestro país. Nadie está por encima de la ley. Agradecemos a nuestros socios en Estados Unidos y México que actúan con integridad y colaboran para proteger a nuestras comunidades. Juntos continuaremos presionando al Cártel de Sinaloa y a las redes que lo apoyan para salvaguardar a la población y salvar vidas”.
De acuerdo con lo señalado en la acusación, documentos judiciales y declaraciones en procesos legales:
El Cártel de Sinaloa es una de las organizaciones criminales más violentas del mundo y ha convertido al estado de Sinaloa en el epicentro geográfico del narcotráfico global. Desde su base en esa entidad, el cártel ha operado con redes internacionales, incluyendo productores y distribuidores de cocaína en Colombia y Venezuela, narcotraficantes y políticos corruptos en Centro y Sudamérica, así como fabricantes de precursores químicos en China y otros países, para distribuir grandes cantidades de droga en Estados Unidos y provocar graves daños en comunidades. También ha ejecutado violencia sistemática, incluyendo miles de homicidios en México y en otros países, incluido Estados Unidos.
Para proteger y expandir este imperio del narcotráfico, el cártel presuntamente se asoció con políticos corruptos y funcionarios de seguridad, incluidos los acusados, quienes habrían abusado de su autoridad para apoyar las operaciones criminales, someter a víctimas mediante amenazas y violencia, y vender sus cargos a cambio de sobornos millonarios. Se señala que algunos elementos policiales participaron directamente en actos violentos del cártel, incluyendo asesinatos de rivales y secuestros de personas sospechosas de colaborar con autoridades estadounidenses.
Los acusados en esta causa son actuales y exfuncionarios de gobierno o de corporaciones de seguridad en Sinaloa y, según la acusación, participaron en una conspiración violenta y corrupta para introducir grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia Estados Unidos. También habrían protegido a líderes del cártel de investigaciones, arrestos y procesos judiciales; filtrado información sensible a miembros del cártel; dirigido a corporaciones policiales para resguardar cargamentos de droga en tránsito; y permitido que la violencia relacionada con el narcotráfico se ejecutara sin consecuencias. A cambio, habrían recibido millones de dólares provenientes del tráfico de drogas.
Se indica además que los acusados mantenían vínculos cercanos con la facción del cártel liderada por los hijos de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, conocidos como “Los Chapitos”. RUBEN ROCHA MOYA habría sido electo gobernador el 1 de noviembre de 2021 con apoyo de este grupo, mediante intimidación y secuestro de rivales. Antes y después de asumir el cargo, presuntamente sostuvo reuniones con integrantes de “Los Chapitos” donde se comprometió a brindarles protección para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, permitiéndoles operar con impunidad en Sinaloa. Otros acusados también habrían colaborado de forma reiterada a cambio de sobornos. Por ejemplo, ZAAVEDRA, subprocurador estatal, habría recibido aproximadamente 11 mil dólares mensuales de este grupo y, a cambio, protegía a sus integrantes e informaba sobre operativos respaldados por Estados Unidos.
Asimismo, algunos acusados habrían participado directamente en actos violentos. MILLAN, comandante de alto nivel en la policía municipal de Culiacán, habría recibido más de mil 600 dólares mensuales de “Los Chapitos” y les facilitó acceso total a la corporación policial, utilizando elementos para mantener control territorial mediante detenciones, secuestros y asesinatos. En octubre de 2023, presuntamente ayudó a secuestrar a una fuente confidencial de la DEA y a un familiar, quienes fueron torturados y asesinados por sospechas de colaborar con autoridades.
Esta acusación es la más reciente en una serie de procesos iniciados en este distrito desde 2023 contra más de 30 miembros y asociados del cártel, incluidos líderes, por su participación en el tráfico masivo de drogas hacia Estados Unidos y delitos relacionados, lo que ha impactado significativamente sus operaciones.
Se informa que todos los acusados residen actualmente en México. Las penas mínimas y máximas están establecidas por el Congreso y cualquier sentencia será determinada por un juez.
El fiscal Clayton reconoció el trabajo de la División de Operaciones Especiales de la DEA, la Unidad de Investigaciones Bilaterales y oficinas en México y Phoenix, así como la colaboración de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y del Gobierno de México. También agradeció a las fiscalías de los distritos Norte de Illinois y Sur de California, y a la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos.
La acusación es llevada por la Unidad de Seguridad Nacional y Narcóticos Internacionales, con los fiscales Jane Y. Chong, Sarah L. Kushner y David J. Robles.
Los cargos contenidos en la acusación son solo señalamientos, y los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.
