Andrés Manuel López Beltrán, secretario de organización de Morena, lanzó un emplazamiento directo al periodista Carlos Loret de Mola, exigiéndole presentar evidencias tras las acusaciones que vinculan a su familia con el financiamiento por parte de organizaciones criminales. A través de un mensaje público, el hijo del expresidente calificó como calumnias y «montajes» los señalamientos vertidos en la columna titulada “Andy y Rocha Moya”, donde se insinúa que él y su hermano recibieron recursos de Enrique Díaz Vega, exsecretario de finanzas de Sinaloa, quien presuntamente fungía como enlace con el crimen organizado.
El morenista fue contundente al señalar que, de no presentarse pruebas, se confirmará que el periodista actúa como un «mercenario» al servicio de intereses extranjeros y de grupos políticos que buscan desestabilizar el movimiento. López Beltrán descalificó el dolo con el que se asumen dichos vínculos, defendiendo la integridad de su familia frente a la narrativa que busca ligarlos a la estructura del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, hoy bajo la lupa del Departamento de Justicia de Estados Unidos por cargos de conspiración para el narcotráfico y posesión de armamento pesado.
La controversia escala mientras se detalla la red de funcionarios sinaloenses indiciados en Nueva York, una lista que incluye desde el senador Enrique Inzunza hasta mandos policiales y exsecretarios estatales. Según el Departamento de Justicia, la administración de Rocha Moya habría colocado a funcionarios favorables al tráfico de fentanilo para beneficiar a la facción de «Los Chapitos», acusación que Loret de Mola utilizó para extender el señalamiento hacia los hijos de López Obrador. Sin embargo, para Andy López Beltrán, estas afirmaciones carecen de sustento jurídico y responden a una estrategia de desprestigio mediático sin base documental.
Hasta el momento, el periodista no ha respondido al reto de mostrar las evidencias solicitadas por el dirigente de Morena. Mientras tanto, la presión internacional sobre el círculo político de Sinaloa continúa en aumento, con amenazas de penas que van desde los 40 años hasta la cadena perpetua para los involucrados. En este clima de alta tensión bilateral, el emplazamiento de López Beltrán marca una línea de defensa frontal del oficialismo ante las filtraciones y señalamientos que pretenden vincular a la cúpula del partido con el hampa de la política y el narcotráfico.