El Senado de Filipinas se convirtió este miércoles en un escenario de guerra tras registrarse ráfagas de disparos y el ingreso de tropas militares armadas con fusiles de asalto. El caos estalló durante el intento de captura del senador Ronald “Bato” dela Rosa, exjefe de la Policía Nacional y brazo derecho del expresidente Rodrigo Duterte, quien se encontraba atrincherado en el edificio legislativo desde el lunes. Dela Rosa es buscado por la Corte Penal Internacional (CPI) bajo cargos de crímenes de lesa humanidad, acusado de ser el «coautor indirecto» de los miles de asesinatos sistemáticos ocurridos durante la sangrienta guerra contra las drogas en el gobierno anterior.
La situación escaló rápidamente cuando comandos militares irrumpieron en la sede parlamentaria en Pasay City, desatando el pánico entre legisladores, personal y periodistas que tuvieron que buscar refugio en las oficinas mientras se escuchaban más de una docena de detonaciones. Horas antes del asalto, Dela Rosa había publicado un video en redes sociales pidiendo a la población civil que se manifestara frente al Senado para evitar ser llevado a La Haya, donde ya se encuentra detenido Duterte esperando juicio. El presidente del Senado, Alan Peter Cayetano, denunció el ataque y la incertidumbre sobre quién efectuó los disparos, calificando la incursión como un asalto directo a la soberanía de la cámara.
Ronald dela Rosa, de 64 años, fue el principal ejecutor de la política de seguridad de Duterte que, según cifras oficiales, dejó más de 6,000 muertos en operativos policiales, aunque grupos de derechos humanos sostienen que la cifra real es mucho mayor y denuncian ejecuciones extrajudiciales masivas. La orden de arresto de la CPI, emitida originalmente de forma secreta en noviembre pasado y revelada esta semana, marca un punto de quiebre en la política filipina, evidenciando el alcance de la justicia internacional sobre los líderes de la controvertida campaña antidroga.
Hasta el momento, el Senado permanece bloqueado y con personal bajo custodia preventiva mientras se intenta esclarecer el paradero de los oficiales responsables del tiroteo y el estado de salud de quienes quedaron atrapados en el fuego cruzado. La detención de «Bato» representa no solo un golpe a la estructura política de Duterte, sino un evento sin precedentes que ha sumido a las instituciones filipinas en una crisis de gobernabilidad bajo la mirada vigilante de la comunidad internacional.
